La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea espera recibir esta semana el proyecto de Ley denominado Código de Gestión Ambiental, que trabaja el Ministerio de Sectores Estratégicos y el Ministerio del Ambiente.
Pamela Falconí, vicepresidenta de este organismo legislativo, explicó que la nueva normativa deberá estipular claramente artículos sancionadores para las empresas nacionales y extranjeras de explotación petrolera, y para los gobiernos autónomos descentralizados que no cumplan con el cuidado del ecosistema y de sus habitantes.
La nueva normativa deberá estipular artículos de sanción para las empresas de explotación petroleraLa Ley Ambiental será una herramienta jurídica necesaria para el sistema de justicia ecuatoriano y los otros niveles de administración de control, para que procedan de acuerdo a la ley.
Para la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Aguiñaga, es urgente y necesario modificar las leyes ambientales actuales que tenemos para ajustarlas al marco constitucional de 2008 y establecer sanciones administrativas fuertes de reparación y de resarcimiento de daños a comunidades cuando se cometan actos negligentes.
Respecto al anuncio sobre el futuro de las reservas de crudo del Yasuní ITT, Aguiñaga insistió en que conforme lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa es necesario abrir dos debates.
Además dijo que con “urgencia” debe atenderse a la comunidad amazónica para satisfacer las necesidades de servicios básicos que requieren y sobre todo luchar contra la pobreza, que es el “mayor desgastador ambiental en el mundo”.
De su parte, la asambleísta Falconí exhortó a los ecuatorianos a tomar con calma la decisión que adoptó el gobierno y a que se evite conflictos territoriales.
Tras el decreto Ejecutivo 74, se señaló a la comunidad internacional que se agotaron todos los mecanismos para lograr la contribución del mundo con 3.600 millones de dólares, pero que no se concretó la meta de la iniciativa Yasuní ITT.