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El Ecuador refrenda, en una sola vuelta, el proyecto político PAIS

Con las elecciones de 2009 se iniciaba en el Ecuador el nuevo régimen institucional y democrático, de acuerdo con la Constitución de Montecristi aprobada en el 2008.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), aplicando el mandato del Régimen de Transición de la nueva Constitución, convocó a comicios generales para el 26 de abril.

A la justa electoral se presentaron, originalmente, 10 binomios presidenciables; pero, finalmente participaron 8, debido a que el CNE descalificó a los candidatos Luis Fernando Torres-Miguel Palacios, del Movimiento Cambio; y Pablo Guerrero-Olfa Bucaram, de Concentración de Fuerzas Populares.

A partir de este proceso electoral y en adelante, integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía, jóvenes a partir de los 16 años y personas encarceladas  sin sentencia, estaban facultados, de forma voluntaria, para ejercer su derecho al voto.

Casi 8 millones de ecuatorianos concurrieron a la urnas para elegir Presidente y Vicepresidente de la República, 5 parlamentarios andinos, 23 prefectos y viceprefectos, 6 asambleístas del exterior, 15 nacionales y 103 provinciales, 221 alcaldes, 1.039 concejales urbanos y 542 concejales rurales.

Los resultados obtenidos: el 51,99% para Correa-Moreno frente al 28,23% que alcanzaron los candidatos de PSP no dejó lugar a dudas. La justa se dirimió en una sola vuelta.

La conformación de la Asamblea Nacional fue un termómetro con el que los partidos tradicionales midieron su fuerza. Agrupaciones como el PSC/Madera de Guerrero, Pachakutik, MPD, Prian, obtuvieron 3, 4 o, en el mejor de los casos, 8 sillas.

Al ganar en la mayoría de provincias de la Sierra, en 2 de la Amazonía, toda la Costa y Galápagos, Correa y Moreno rompieron la tendencia de mayoría serrana o costeña, según la procedencia de los candidatos. Los resultados los convirtieron en gobernantes con aceptación nacional.

Ver infografía 1 ampliada

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Posteriormente, el informe llegará al Pleno de la Asamblea para una decisión definitiva.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la solicitud de juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. La acusación se relaciona con una presunta responsabilidad política en el caso Progen. El trámite pasa ahora a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.