Con 69 votos, la Asamblea aprobó ayer en segundo debate las reformas al Código de la Democracia y a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que regula la revocatoria del mandato de las autoridades de elección popular.

Si el Ejecutivo no veta las modificaciones y las promulga, un total de 405 solicitudes de revocatorias podrán seguir su trámite en  el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El consejero Fausto Camacho informó que el organismo electoral desde finales de 2010 ha receptado alrededor de 630 pedidos de revocatoria. De estos, 25 procesos se han ejecutado y se ha destituido a siete autoridades entre alcaldes, concejales y presidentes de juntas parroquiales.

El consejero añadió que 200 solicitudes se han desechado por no cumplir con la presentación de firmas de respaldo en el plazo previsto por la Constitución (180 días). Sin embargo, este tema causó inquietud entre las autoridades locales, quienes trabajaron de manera coordinada con la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea en el proyecto de reformas.

Entre los cambios que se introdujeron, explicó el asambleísta Virgilio Hernández, es que  el pedido de revocatoria debe ser   fundamentado. Además el número de firmas requeridas dependerá de los habitantes de cada jurisdicción.