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Ejecutivo remite cuatro tratados a la Asamblea

Cuatro proyectos de tratados internacionales envió el presidente de la República, Rafael Correa, a la Asamblea Nacional, relacionados con la planificación y protección de habitantes de la frontera, convenios de seguridad social, acuerdos económicos, entre otros.

Uno de los acuerdos trata sobre la planificación y asentamientos humanos en los pasos de frontera entre Ecuador y Colombia, con lo cual se prevé crear nuevos ejes de integración entre las dos naciones, en la Región Amazónica y en el litoral Pacífico con la construcción de puentes internacionales sobre los ríos San Miguel y Mataje.  

También remitió el Convenio de Seguridad Social entre Ecuador y Perú, suscrito en Lima el 22 de julio de 2011, que busca proteger a los habitantes de ambas partes para la conservación de los derechos de seguridad social adquiridos o en vías de adquisición.   

El documento establece esta protección sobre la base de los principios de igualdad, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad de ventajas, de acuerdo con sus respectivos ordenamientos jurídicos internos y en lo previsto en este convenio y su correspondiente acuerdo administrativo.

También, el acuerdo para la Constitución del Espacio Económico del ALBA-TCP (ECOALBA-TCP), que fue suscrito en Caracas el 4 de febrero de 2012, como una zona económica de desarrollo compartido interdependiente, soberana y solidaria.

Este tratado tiene como finalidad consolidar y ampliar un nuevo modelo alternativo de relación económica para fortalecer las bases para los instrumentos de carácter bilateral y multilateral.

Finalmente, el Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur, que  se aplicará en caso de ruptura o amenaza  del orden democrático.

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Posteriormente, el informe llegará al Pleno de la Asamblea para una decisión definitiva.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la solicitud de juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. La acusación se relaciona con una presunta responsabilidad política en el caso Progen. El trámite pasa ahora a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.