Una treintena de inmigrantes, la mayoría ecuatorianos víctimas de una estafa inmobiliaria, se concentraron ayer ante un juzgado de Madrid mientras en el interior declaraba uno de los principales encausados, Enrique Caño, denunciado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Los concentrados habían logrado su hipoteca a través de una denominada Central Hipotecaria del Inmigrante (CHI), “con cláusulas abusivas y condiciones claramente irregulares”, explicó en las puertas de los juzgados Aida Quinatoa, presidenta de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España.

Detrás de estas presuntas estafas se encontraba Enrique Caño, que fue detenido el pasado 24 de noviembre por orden de un juez de Madrid, que le imputa un delito de estafa.

Las familias que presentaron denuncias declararon que el acusado, a través de CHI o de otras cuatro oficinas con nombres similares, conseguía créditos por más de 200.000 euros (256.000 dólares) para personas de escasa solvencia económica, mediante una trama de avales cruzados entre sí. Para conseguir una vivienda, Caño exigía al comprador que, de entrada, firmara como copropietario de otra vivienda, además de una señal que rondaba los 10.000 euros y que, en caso de que la familia se echara atrás, nunca devolvía.

La Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España volverá a reclamar la paralización inmediata de desahucio que pesa sobre algunos de ellos, hasta que se resuelvan sus demandas penales.