La Procuraduría General del Estado anunció que rechaza el laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que condenó a Ecuador a pagar más de 1.700 millones de dólares a la petrolera estadounidense Occidental (OXY).

A través de un comunicado, la Procuraduría confirmó que el laudo no fue unánime, porque uno de los miembros, la profesora Brigitte Stern, dictó una enérgica opinión disidente. 

El dictamen responde a una demanda interpuesta por la compañía en 2006, después de que el Gobierno ecuatoriano le cancelara el contrato de explotación del bloque 15, porque Oxy supuestamente cedió sin avisarle el 40 por ciento de sus derechos en ese campo a AEC, una filial de la canadiense Encana.

El procurador general del Estado, Diego García, explicó que la respuesta de la Ciadi será evaluada para definir la estrategia legal a tomarse. "Son más de 400 hojas que debemos estudiar. El lunes daremos un pronunciamiento público", sostuvo el Procurador.

Ecuador mantiene que  "la nulidad del contrato se basó en el artículo 74 de la Ley de Hidrocarburos vigente en el 2006, que prohibía el traspaso de derechos o la celebración de un contrato sin la autorización del Ministerio de Energía".

"Oxy creó un consorcio para operar el bloque en secreto", lo que violó la ley ecuatoriana, manifestó esta semana García.

En cambio, la petrolera estadounidense alega que AEC entró en el negocio como una entidad que aportaba únicamente financiación.

La empresa estadounidense estimó el valor del bloque en 3.370 millones de dólares y Ecuador en 417 millones, mientras que un informe pericial encargado por el Ciadi lo calculó en 2.361 millones.

Ecuador criticó la realización de ese estudio por parte del Ciadi, que consideró “una velada decisión de responsabilidad” de Ecuador y una “anticipación inadecuada del pronunciamiento” en su contra, según afirmó García el lunes.

En una contrademanda contra la compañía, Ecuador le reclamó 82,1 millones de dólares por la pérdida de producción del bloque a causa de la retirada de torres de perforación y la desactivación del sistema informático usado en sus operaciones.

Tras la emisión del fallo, el país podría apelar ante el Comité de Anulación del Ciadi, pero la estrategia jurídica se conocerá el lunes.