Carlos Poveda, abogado del prefecto de Cotopaxi, César Umajinga, justificó la no comparecencia de su defendido ante la Fiscalía, el pasado jueves, al alegar que “por fuero de corte” no debió ser atendido por el agente Patricio Molina, sino por el fiscal provincial, Augusto Semanate. Al funcionario, miembro de Pachakutik, se le acusa de presunta usurpación del cargo de Prefecto.  

Poveda ratificó su respeto al proceso, pero alegó que el fuero de corte no es un derecho personal de Umajinga  “sino un derecho de la ciudadanía que lo eligió de forma democrática. Por tal motivo, será el fiscal provincial quien deberá pronunciarse”, en cuanto al trámite de indagación previa.  

El constitucionalista Jacinto Velázquez manifestó que “si los alcaldes siendo funcionarios públicos de menor nivel  gozan de fuero de corte, por qué no los prefectos del país”.

Según el artículo 208 del Código de la Función Judicial, a las salas de las cortes provinciales les corresponde conocer en primera y segunda instancia toda causa penal contra las personas que se sujetan a fuero de corte provincial.

En el caso de los prefectos, acusados por infracciones cometidas en el ejercicio de sus atribuciones, la ley indica que “la investigación pre procesal y procesal penal, así como el ejercicio de la acción penal, según lo dispuesto en el procedimiento penal, estarán a cargo de las o los fiscales provinciales”. 

Umajinga fue acusado por Amparito Paredes, ex directora de Salud de Cotopaxi, por “usurpación del cargo de Prefecto” y pidió la indagación en base a un informe de la Contraloría que pidió su  destitución y una multa económica.