Según  nuestra Constitución, el Consejo de la Judicatura debe administrar la justicia en el país. Entre sus funciones debe estar la de nombrar a los jueces, pero eso no ha funcionado desde la instauración de este organismo independiente.

Lamentablemente, los jueces se han convertido en los principales responsables de la inseguridad que vive el Ecuador.

Ante este escenario  es urgente e indispensable que en el país se analice su reestructuración para que la entidad cumpla con sus obligaciones establecidas en la Carta Política del Ecuador.

Es triste aceptar que la Función Judicial en el país es un desastre y no podemos esperar a que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) apruebe un nuevo Consejo de la Judicatura porque el país necesita un cambio en las cortes de manera inmediata que permita que los ciudadanos, a corto y mediano plazo, podamos contar con una administración de justicia ágil y que sea igual para todos.