Aquí el objetivo es asignar los recursos financieros a cada uno de los ejes de forma equitativa y administrar los recursos con transparencia, oportunidad y equidad.

Se recomienda garantizar y cuidar los recursos institucionales y proporcionar a cada uno de los ejes los recursos requeridos y necesarios, además de gestionar la asignación de recursos de conformidad con los requerimientos planteados en el Programa de Reestructuración de la Función Judicial.

La Veeduría reconoce  que el Estado, a través del Gobierno, ha dedicado un importante recurso financiero al impulso de las reformas al sistema judicial, poniendo en juego su capital político y desplegando una inteligencia colectiva.

El análisis de la Veeduría, asimismo, permitió establecer que la inversión estatal estimada en cada uno de los ejes de implementación del proceso de transformación de la justicia, ha generado miles de nuevas plazas de trabajo no solo temporales, sino también oportunidades laborales de largo plazo para los propios funcionarios judiciales, otros operadores de justicia, técnicos, tecnólogos, médicos, trabajadores sociales, sociólogos, planificadores, geógrafos, politólogos, economistas, administradores de empresas, comunicadores, educadores, informáticos, constructores y cientos de pequeñas y medianas empresas que seguirán prestando sus servicios para sostener este modelo con suficiencia.

En la parte final del análisis a los diferentes ejes, la Veeduría Internacional señala que está abierta a cualquier proceso de rendición de cuentas de sus actividades, dejando constancia de que la ejecución del presupuesto le correspondió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).