En rueda de prensa, los vocales del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) defendieron el estado de excepción en la Función Judicial, decretado ayer por el Gobierno ecuatoriano.

Paulo Rodríguez, titular del organismo, subrayó que el decreto permitirá que se destinen oportunamente los recursos económicos "para realizar las contrataciones de obras civiles, de tecnología, del modelo de gestión y del personal", áreas en las que han visto falencias en seis semanas de trabajo.

Fernando Yávar, también miembro del consejo transitorio, enfatizó que este decreto no influirá en el trabajo de los jueces, que podrán realizar su trabajo con "total independencia a nivel nacional".

En este sentido, el CJT aclaró que ningún otro tema se esconde tras la emergencia. Reiteraron que unos de los objetivos principales es la movilización del personal de la Función Judicial, a fin de resolver la situación crítica por la que atraviesa el sector y garantizar el acceso a una justicia oportuna e integral a los ecuatorianos.

Descartaron así un despido masivo de los funcionarios judiciales y dijeron que por el contrario, la emergencia implica que estos deberán laborar los fines de semanas (horas extras que serán reconocidas) con la finalidad de resolver miles de causas que están represadas.

Respecto a la contratación de personal, el titular del CJT dijo que será a través de una sistema de invitaciones y asignaciones, hasta que termine el estado de excepción en 60 días.

El estado de excepción se enmarca dentro del proceso para reformar la justicia que fue aprobado por los ecuatorianos en el referendo realizado el pasado 7 de mayo.

Rodríguez afirmó que el decreto no implica más recursos de los que ya han sido programados, es decir los 600 millones de dólares que requerirá la restructuración de la justicia. De esa cifra, 400 millones se usarán hasta acabar el trabajo previsto para 18 meses, y 200 millones en los próximos dos años.

 Hasta este fin de año se invertirán 108 millones de dólares, de los cuales el 40 % será destinado a infraestructura, un 30 % a tecnología y el resto se usará en personal y gestión.