En el nuevo edificio del Ministerio de Relaciones Laborales del puerto principal, ubicado en Primero de Mayo y Av. Quito, se realizó ayer la audiencia de inspección del Banco de Guayaquil.

Esta acción se efectuó luego de que este Diario informara que la entidad financiera habría cobrado $787,98 a cada uno de sus empleados como devolución de un supuesto exceso en el pago de utilidades.

Con esa noticia, el Ministerio de Relaciones Laborales envió a varios inspectores de trabajo a una agencia del banco  para conversar con los trabajadores, pero no se les permitió el acceso. Así lo contó el titular de la cartera de Estado, Francisco Vacas, en una entrevista con Ecuador TV.

La audiencia empezó a las 11 en el sexto piso del citado edificio. El representante del Banco de Guayaquil llegó solo y no quiso identificarse. Él defensor entregó una gran cantidad de papeles a la inspectora, Ana Martínez, quien lleva este caso.

El trámite, que duró cerca de una hora y media, consistía en que la inspectora tome la declaración del patrocinador de la empresa y reciba los documentos que sirvan como defensa. Luego, en un plazo establecido por la funcionaria, se emitirá una resolución que podrá ser impugnada por el banco ante un juez laboral.

El abogado, quien evitó hablar con los medios de comunicación, detalló durante la audiencia que ellos pagan las utilidades mensualmente, amparados en el artículo 108 del Código de Trabajo y respaldados por el Contrato Colectivo firmado por los empleados. En el mencionado artículo, según el jurista, consta que se pueden hacer anticipos sobre el 15% de las utilidades.

El representante del banco mencionó que la entidad cumple con todas sus obligaciones patronales y resaltó la cuota de trabajadores con discapacidad, que es del 4% de su nómina. Hasta el cierre de esta edición no se conocía sobre un resultado de la diligencia.