Ecuador / Martes, 30 Septiembre 2025

Con 94 votos afirmativos y 5 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Reformatoria a la Codificación de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado.

Esta normativa tiene como propósito asegurar el contingente protagónico de las juntas parroquiales rurales que, constituidas como nivel de gobierno, formarán parte del capital accionario y del directorio del Banco del Estado.

"El Estado, a través del Ministerio de Finanzas, será propietario, por lo menos, del 51% de las acciones que componen el capital social del Banco del Estado. Las demás acciones quedarán abiertas a la suscripción de los gobiernos autónomos descentralizados y a las entidades, dependencias u organismos del sector público, conforme la resolución del Directorio", señala el documento.

"Las acciones serán indivisibles, podrán ser negociables y transferibles exclusivamente entre los gobiernos autónomos descentralizados y las entidades, dependencias u organismos del sector público, previa autorización del Directorio y no podrán garantizar ni satisfacer obligaciones asumidas por los accionistas", añade.

En el documento, además, se establece que hasta que sea electo el representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, por el procedimiento dispuesto en esta Ley, el actual Presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare) o su delegado, actuará en el Directorio del Banco del Estado con voz y voto.

En un plazo no mayor a 60 días desde la vigencia de la presente ley, la Superintendencia de Bancos y Seguros organizará el proceso de elección del representante de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales a través del colegio electoral.
 
De esta manera los gobiernos autónomos parroquiales rurales podrán financiar sus operaciones con fondos provenientes del Banco del Estado, de conformidad con su ley constitutiva. Podrá financiar programas, proyectos, obras y servicios encaminados a la provisión de servicios públicos de calidad que contribuyan al desarrollo socio económico nacional.
 

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