En siete meses de gestión, la Asamblea Nacional aprobó 15 leyes y 12 tratados internacionales. Así lo dio a conocer hoy la entidad, mediante un comunicado de prensa, en el cual califican como un "balance positivo" a las normativas que entraron en vigencia en áreas como la social, económica, productiva e institucional.

Entre las normativas aprobadas, la Asamblea resalta la Ley Orgánica de Comunicación, que garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales de la comunicación, en cumplimiento del mandato constitucional de 2008 y la respuesta a la preguntas de la consulta popular de 2011; enfoca a la comunicación desde el punto de vista de los derechos: de libertad, igualdad e interculturalidad; y, de los comunicadores. Dentro de los derechos de libertad consta la prohibición de censura previa. Quien censure tendrá una multa de 10 salarios.

Con esta normativa, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, pensamientos y sentimientos. Los mensajes de los medios privilegiarán su protección integral. Hoy está prohibido que una persona pueda concentrar o acumular las concesiones de frecuencias. No se podrá adjudicar más de una frecuencia matriz en AM, FM y una para televisión.

También está la creación de las universidades Regional Amazónica, Ikiam, con sede en Tena, provincia de Napo; de Investigación de Tecnología Experimental, Yachay, ubicada en Urcuquí, en Imbabura; de las Artes, Uniartes, en Guayaquil, Guayas; y, Nacional de Educación UNAE, en Azoguez, provincia de Cañar, son consideradas emblemáticas, por cuanto potenciarán los saberes ancestrales, nuevas carreras orientadas a la investigación de nuevas tecnologías, la generación y difusión del conocimiento científico, el desarrollo de las artes, así como programas de posgrado que eleven las capacidades y destrezas del personal académico que labora en el magisterio nacional.

El poder Legislativo sostiene que uno de los hechos que requirieron mayor análisis y responsabilidad de la actual Asamblea fue el conocimiento y aprobación del pedido del presidente de la República, Rafael Correa , de declarar de interés nacional la explotación del petróleo en un área equivalente al uno por mil del Yasuní, tema que fue ampliamente socializado con la ciudadanía y sometido a un trámite especial, en dos debates, conforme lo determinado en la Constitución y la Ley.

En octubre de este año, el Pleno de la Asamblea Nacional con 108 votos declaró de interés nacional la explotación de los bloques 31 y 43, en una extensión no mayor al uno por mil de la superficie actual del Parque Nacional Yasuní, con el propósito de cumplir los deberes primordiales del Estado; garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza, para alcanzar el Buen Vivir o Sumak Kawsay. La resolución prevé 18 recomendaciones en el proceso de la actividad extractiva que la Función Ejecutiva deberá tomar en cuenta.

En otro tema, la Asamblea aprobó el presupuesto general del Estado, que asciende a 34.300,63 millones de dólares.