De los 93 uniformados separados el pasado 26 de marzo de la Policía Nacional por no haber pasado las pruebas de confianza, entre estas la del polígrafo, 61 se agruparon para presentar una acción de protección con la intención de que los jueces los reintegren a la institución.

La semana anterior, el ministro del Interior, José Serrano, firmó el acuerdo ministerial que desvincula a los uniformados de Esmeraldas, donde la Inspectoría realizó pruebas de confianza integrales a los 1.400 gendarmes destinados a esa provincia.

Los resultados determinaron que 78 de los examinados fallaron el test del polígrafo, que consistió en analizar las respuestas de 4 interrogantes, sobre si habían participado en la entrega de información o  beneficiado de las actividades del crimen organizado.

El abogadoGonzalo Realpe, patrocinador de los querellantes, manifestó que los policías fueron despedidos en base a la prueba del polígrafo, que -manifestó- demostrará en la audiencia que no es confiable.

El recurso recayó, mediante sorteo, en el Juzgado Segundo de la Familia cuyo magistrado tendrá 48 horas para convocar a la diligencia y resolver la solicitud.