La reestructuración de las obligaciones para pagar a plazos mensuales es la segunda alternativa que tienen los deudores.
Sin embargo, los valores de las cuotas son, en muchos casos, inalcanzables para las personas que tienen la predisposición de pagar.
Juan C. J. R., dueño de una tarjeta emitida por una entidad financiera domiciliada en Quito, creyó que acercándose en búsqueda de un convenio iba a solucionar sus problemas.
No fue así. Su deuda llegaba casi a los $ 8.000, pero al proponer un acuerdo a su banco por los valores que le correspondía pagar le calcularon cuotas casi tan inalcanzables como la misma deuda.
Algo similar le sucedió a Sandra P. E. C., quien tenía una tarjeta proporcionada por una institución financiera del puerto principal.
El valor inicial de su obligación era de $ 1.700, pero tras caer en mora debido a problemas de salud y la falta de empleo, el monto ascendió a casi $ 2.300.
La ciudadana fue requerida de distintas maneras para que pague. Incluso denunció que fue amenazada por una empresa dedicada a las cobranzas. Intentó llegar a un arreglo, pero no lo consiguió debido a los altos valores que le establecieron.
Así como hay casos de personas que están imposibilitadas de pagar por lo elevado de las sumas, producto de convenios, también se dan hechos en los que a tarjetahabientes les pretenden cobrar valores que no consumieron.
Lo peor es que la entidad emisora insiste en que primero deben cancelar, para luego presentar el reclamo. Eso le pasó a Kléber V. S., a quien en su estado de cuenta le aparecieron compras de recargas telefónicas que nunca hizo.