La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea recibió este martes al fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, quien informó sobre el avance de las investigaciones en el caso 30S.
Al inicio de su intervención, Chiriboga sostuvo que el objetivo de la Fiscalía es llegar a la "verdad histórica" de los hechos, sea cual fuere, porque el país merece conocer esa verdad.
Señaló que en este caso hay 111 personas sometidas a etapa de indagación previa, 86 en etapa de instrucción fiscal y 53 con un dictamen acusatorio, 13 en una etapa intermedia, 37 sentenciadas y una en etapa de juicio.
Aseguró que la Fiscalía presentó recursos de casación ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ) por no estar de acuerdo con las sentencias obtenidas. Esto porque existen casos en provincias que se tipificaron erróneamente con penas que no guardan relación con la gravedad de las infracciones.
Asimismo manifestó que se presume que existió una organización "bien estructurada", ya que es "inexplicable" el hecho de que la Policía dejara de prestar su servicio público casi al unísono en todo el país.
Por lo tanto anunció que, junto con la Comisión 30S del Ejecutivo, se volverá a investigar los casos que aún no han sido judicializados para compatibilizar los hechos que sucedieron en la capital y en diferentes lugares del país.
Calificó como curioso que, pese a existir la obligación legal, establecida en el Código de Procedimiento Penal, de resguardar la escena del crimen, a las pocas horas de producidos los acontecimientos en los alrededores del Hospital de la Policía Nacional, la empresa de Aseo efectuó la limpieza del sector.
Hay otro hecho que es necesario esclarecer, según el fiscal Chiriboga, y se trata de la utilización de la Central de Radio Patrulla para incitar a la revuelta.
Chiriboga dijo que llama la atención, igualmente, que de los policías sentenciados, la mayoría corresponde a efectivos de bajo rango, mientras que aquellos de las esferas jerárquicas más altas no tienen sentencia o, si la tienen, las penas impuestas son menores a las que se aplicaron a los de rangos inferiores.
"La Fiscalía se pregunta (si) en un hecho de esta gravedad no hubo altos oficiales que dirigían o comandaban estos hechos", cuestionó.
También dijo que se presume que la bala que mató al policía Froilán Jiménez estaba dirigida al Presidente de la República.
De su lado, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Gabriel Rivera, tras escuchar el informe del Fiscal General y los testimonios de varios ciudadanos que estuvieron en las calles el 30 de septiembre del 2010 para defender la democracia, insistió que el objetivo del organismo es que se haga justicia, que se determine la verdad de los hechos ocurridos y que se sancione a los responsables.