Ecuador busca que la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) contribuya a reducir el impacto ambiental. Y por ello propone la creación del impuesto “Daly-Correa”, que lleva el nombre de sus dos creadores: el afamado economista ecológico estadounidense Herman Daly y el presidente ecuatoriano, Rafael Correa.
Daly planteó la iniciativa en el año 2001, durante un discurso en Viena ante los líderes de la OPEP. También lo hizo Correa cuando Ecuador se reincorporó al grupo de exportadores petroleros, en donde propuso la creación de un ecoimpuesto a la exportación de crudo. Se trata de un tributo internacional, que sería un gravamen del 3% del precio por barril, cuya administración estaría a cargo de los miembros de la OPEP.
Pero Fander Falconí, secretario de Planificación y Desarrollo (Senplades), piensa que el ecoimpuesto debería ampliarse también a otros combustibles exportados, en proporción a su impacto ambiental.
Considera que con este tributo, la OPEP reconocería la existencia del efecto invernadero y se convierte en un jugador internacional en este campo, “esto sería significativo, estarían admitiendo la contaminación y que la única forma de combatirlo sería incrementando el precio del petróleo con un impuesto variable del 3%”, dice.
Para Falconí, con esta iniciativa se impediría que se deprima el precio del petróleo exportado -como ocurriría en los casos en que el impuesto al petróleo lo pusieran los países importadores ricos- como sucedió con el banano. Y, por otro lado, según el secretario de Senplades, la consecuencia lógica sería la disminución de la demanda de petróleo y, por tanto, una menor emisión de dióxido de carbono a la atmósfera.
La compensación -afirma- sería lograr mayores ingresos que estarían destinados a la transición energética y otros fines sociales como la energía renovable, vivienda y las escuelas eficientes en el uso de energía.
Mario Ruales, asesor de Asuntos Ambientales del Ministerio de Coordinación de Patrimonio, enfatiza que la propuesta “Daly-Correa” es una de las iniciativas de la nueva arquitectura financiera para desarrollo sostenible, pero no es la única, pues esto se ciñe en la línea política de trabajo con emisiones netas evitadas, impuesto a las transacciones de capital, Yasuní-ITT, que fue parte de la visión que el país llevó a la Conferencia de Rio+20, en 2012. “Para que avancemos al desarrollo sostenible es necesario nuevas formas y fuentes de financiamiento que vengan de las transacciones en donde se genera buena parte de los problemas ambientales, originados por las emisiones del consumo de combustibles fósiles”, cita.
Afirma que se busca que salgan los recursos encaminados -desde los países exportadores de petróleo- para financiar las acciones que tendrán que hacer los países en vías de desarrollo para la adaptación y mitigación del cambio climático.
El asesor manifiesta que la propuesta debe ser aprobada en el seno de la OPEP, que tendrá su cita 163 el próximo 31 de mayo, en Viena.