La primera actividad pública que desarrolló el presidente Rafael Correa  en su agenda ayer en Guayaquil fue la inauguración de la nueva Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC),  ubicada en el cuartel Modelo. Según lo previsto por las autoridades, este complejo judicial beneficiará a más de tres millones de guayaquileños.

Las instalaciones están divididas en tres áreas. La primera será destinada a las denuncias de agresiones sexuales y de violencia intrafamiliar y su asistencia sicológica.

La segunda área corresponde a las denuncias de  delitos comunes. En este sector se ubicarán las dependencias de la Policía Judicial (PJ), Policía Comunitaria, Defensoría Pública, Fiscalía,  Comisaría Nacional, servicios de Registro Civil, Criminalística y Medicina Legal.

Mientras que en la tercera zona estarán las oficinas del comando provincial de Policía,  del IV distrito y de la central de emergencia 101.

En el evento, el ministro del Interior, José Serrano, informó sobre el traspaso de la  Policía Nacional  al sistema de Gobierno por resultados, lo que permitirá evaluar a los rangos mayores y su eficiencia. “De eso dependerán sus futuros ascensos”, dijo el secretario de Estado.

Por su parte, Correa dijo que estas obras son muestras de una nueva visión de la seguridad, que antes era inexistente en Guayaquil.  “Sabemos lo que ocurría en estos predios hace 20 ó 25 años cuando autoridades locales eran gobernadores y había cárceles inmundas, había el peligroso SIC (Servicio de Investigación Criminal), había piscinas para ahogar a los detenidos. Eso, nunca más”, sentenció el Primer Mandatario.

Durante su discurso, el gobernante  criticó  a los miembros del Consejo de la Judicatura por la actual crisis de la Función Judicial y la acusó de cerrar juicios a favor de la “partidocracia” durante el tiempo que se ha dilatado la presentación de los resultados de la consulta popular del pasado 7 de mayo.

El Jefe de Estado explicó que “los malos perdedores de la partidocracia” presentaron una serie de impugnaciones que no permitieron ratificar el triunfo de la tesis gubernamental en el plebiscito por más de dos meses, entre las cuales estaba la instauración de un Consejo Tripartito que asumiera las funciones del actual Consejo de la Judicatura.

También se refirió a la polémica surgida por la destitución y posterior restitución del titular de la Judicatura, Banjamín Cevallos. El gobernante calificó de “terrible” a esos enfrentamientos entre miembros de la Función Judicial.
El Primer Mandatario recordó que, antes de ser destituido por un juez menor -hecho que condenó-, Cevallos había sancionado a los magistrados que declararon culpable al coronel Rolando Tapia, ex jefe de la escolta legislativa, por los incidentes durante el intento de golpe de Estado del pasado 30 de mayo. “¿Ustedes creen que si ese tribunal hubiera declarado inocente al coronel Tapia lo habrían destituido?  Ahí sí se ve la politiquería, la hipocresía, la doble moral”, manifestó Correa.

El Jefe de Estado, además, criticó un supuesto acuerdo adicional entre el Consejo de la Judicatura y los partidos tradicionales del país.

En su alocución recordó que los miembros de la Judicatura estuvieron a punto de ser llevados a juicio por parte de la Asamblea Nacional, sin embargo el proceso no prosperó, “gracias a favores que hoy el Consejo de la Judicatura está pagando”.

Tras participar en un conversatorio con los medios de comunicación, Correa partió rumbo a Quevedo para inaugurar el puente sobre el río del mismo nombre.

El viaducto, bautizado Humberto Alvarado, ayudará al tránsito de la provincia de Los Ríos.