Cincuenta días de prisión preventiva dictó el juez de lo Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas en contra de tres presuntos miembros de una red de tramitadores que matriculaban ilegalmente vehículos robados en Colombia y Venezuela. Entre ellos están ex funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) de esa jurisdicción.                  

La decisión del juez pretende garantizar la comparecencia  de los implicados: Marco Antonio Calderón Cabrera, jefe encargado de la Agencia de Tránsito de Santo Domingo del 4 de noviembre al 31 de diciembre del 2010; Jaime Alfredo Aceldo Rangel, revisor y digitador de documentos desde el 1 de julio del 2010 al 9 de abril del 2012, y Pablo Ramiro Bonilla Arteaga, recaudador desde el 26 de abril del 2010 al 31 de diciembre del 2011, quien también tenía clave de digitador.         

Ellos fueron apresados el lunes tras un operativo efectuado en Santo Domingo por parte de miembros de la  ANT, la   Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión (SNTG), la Policía y la Fiscalía.

En cuanto a Fernando Jhosua Vélez Arce, jefe de agencia de Santo Domingo entre  el 11 de enero y  el 17 de octubre del 2011, se ratificó la orden de detención en su contra por estar implicado, al igual que los antes citados, en aprobar y registrar la matrícula de vehículos robados.

Fernando Vélez, hijo del asambleísta de Sociedad Patriótica que lleva su mismo nombre, no fue capturado el día del operativo porque se hallaba fuera del país. Según dijo el padre no porque haya huido, sino porque acompañó a su hermana a los Estados Unidos.           

Edwin Jarrín, secretario Nacional de Transparencia, dijo que las acciones legales en contra de esas personas responden a los delitos de falsificación y uso doloso de documentos públicos, asociación ilícita y delitos aduaneros y tributarios.           

Las investigaciones de la Policía Judicial y de la Fiscalía establecieron que varios vehículos robados en otros países eran matriculados en Santo Domingo, adulterando documentos. En ese ilícito, supuestamente, actuaban personas particulares, ex jefes y funcionarios de la citada agencia de tránsito.            

De ello, la Fiscalía dijo tener los suficientes elementos de juicio (pruebas) para dar inicio a un proceso penal, por lo que  solicitó la prisión preventiva de los implicados, según lo confirmó el agente fiscal que lleva el proceso, José Jaramillo.

Pedido a la Judicatura 

Por otra parte, el Subsecretario de Investigación de la Secretaría Nacional de Transparencia, Wilson Navarrete, solicitó formalmente al Consejo de la Judicatura de Transición que, de oficio, inicie una acción para investigar las presuntas irregularidades en las que habría incurrido el juez Vigésimo Segundo de lo Civil de Pichincha,  Freddy Illescas Cerda, con jurisdicción en San Miguel de Los Bancos. 

Illescas está implicado en varios casos  por otorgar, mediante sentencias judiciales, la propiedad de vehículos de lujo robados en otros países. Bajo la figura de prescripción ordinaria, el juez ordenaba que “ejecutoriada la sentencia, se protocolizara en una notaría e inscribiese en las dependencias de la Comisión Nacional de Tránsito, a fin de que cumplidas las formalidades de ley haga las veces de título de dominio y se proceda a la matriculación vehicular...”. 

“Vamos a investigar más a fondo, estamos esperando que la Interpol nos remita información para cotejar datos. Estamos hablando de una red que no solo operaba en las agencias de tránsito, sino en el sistema judicial”, dijo Navarrete al referirse a las supuestas anomalías del juez. 

Respecto a la implicación del hijo del asambleísta, Navarrete explicó que por haber sido jefe de la Agencia de Tránsito de Santo Domingo, tiene orden de detención debido a que firmó y avaló documentos sin confirmar la procedencia legal de los vehículos.