La eliminación de la tercerización laboral, el pago obligatorio de utilidades en empresas privadas, el incremento progresivo del salario básico unificado y el aumento de la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos son las principales conquistas sociales alcanzadas en los últimos cinco años.  

Mañana se cumplen cuatro años de la vigencia del Mandato 8, expedido por la Asamblea Constituyente, el cual promulgó la eliminación de la tercerización e intermediación laboral con la formulación de normas garantistas a favor de los empleados y sanciones firmes para quienes contraten personal bajo esa modalidad. 

Los gremios de trabajadores respaldaron la decisión de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Marcelo Solórzano, directivo de la Confederación de Trabajadores Públicos del Ecuador, manifestó que los empleados adquirieron amplios beneficios con la eliminación de la tercerización. “Al momento, esa supresión ha incorporado de manera directa a más de 600 mil ecuatorianos que estaban sometidos a explotación laboral y condiciones de trabajo inestables”, dijo.

Según Édgar Frías, susbsecretario de Participación Ciudadana de la Secretaría de Pueblos, la tercerización fue una herramienta perversa del modelo neoliberal para eludir responsabilidades en el pago de los derechos que consagra la Constitución y el Código del Trabajo. 

Según la Superintendencia de Compañías, en el Ecuador operaron cerca de 4.654 empresas hasta el 2008, de las cuales solo 550 tenían permisos emitidos por el entonces llamado Ministerio del Trabajo. 

Sobre la intermediación laboral, Nelson Erazo, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), indicó que los gremios están de acuerdo con la abolición de la tercerización, pero acotó que existe  una ventana abierta para la intermediación con la incorporación de  la contratación de actividades complementarias (capítulo 2 del reglamento al Mandato 8).

Solórzano refutó esa afirmación porque asegura que sí se garantiza la relación de dependencia entre las personas jurídicas contratantes con su propio personal, mas no con labores esporádicas en el proceso productivo. Sin embargo, indicó que hay empresas que aún malinterpretan el Mandato 8, en lo que tiene que ver con la contratación civil de servicios técnicos especializados.

“Por ejemplo, en las empresas eléctricas aún se contrata personal ocasional para los sistemas de lectura de medidores o la instalación de equipos de medición. En esos aspectos aislados, estamos seguros de que el Gobierno   aplicará los correctivos”, aclaró Solórzano.

Utilidades para trabajadores

Otro de los avances alcanzados fue la obligatoriedad en el pago de las utilidades a los empleados del sector privado. Según el artículo 97 del Código de Trabajo, las empresas deben pagar el 15% de sus utilidades entre sus empleados. El 10% de ese porcentaje corresponde a los trabajadores y el 5% restante para sus familiares directos.  

No obstante, el presidente Rafael Correa, en el Enlace Ciudadano N.º 252, sostuvo que ninguna empresa puede declarar utilidades sino cancela un salario digno a sus empleados, que actualmente está situado en $357, según el  Ministerio de Relaciones Laborales.  

Uno de los objetivos del Gobierno para este año es que el 90% de los afiliados al Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS) perciban el salario digno.  

Salario por productividad  

El salario básico unificado en el Ecuador ha tenido un incremento de $162,09 entre el 2003 y el 2012. En la actualidad asciende a $292, con un alza de $28 en relación al año pasado. Según Richard Espinosa, ex ministro de Relaciones Laborales, el salario en lo posterior tendrá dos componentes de fijación: inflación (proyectada este año en 5,14%) y productividad (5,43%).  

Frías considera que la innovación en la fijación salarial implica un cambio estructural en el Estado: “introduce un principio nuevo y de justicia entre el capital y el trabajador, y mejora las expectativas de capacidad adquisitiva en el país”.

Por otro lado, la cobertura de la canasta básica por el ingreso familiar llega actualmente al 85,3%, mientras que en los dos gobiernos anteriores fluctuaba en el 67%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Ocupación plena y subempleo

El país alcanzó un hecho histórico en diciembre de 2011: la ocupación plena superó al subempleo con un  49,9% contra un 44,2%, respectivamente. A marzo de este año, las cifras se mantienen en el 49,91%, según el INEC. 

La ocupación plena fue del 33,6% en el 2003 y del 32,6% en el 2007, es decir, en comparación con el Gobierno actual existe un incremento porcentual del 16%.