Desde su llegada al poder, el presidente Rafael Correa sostuvo que uno de los servicios públicos más sacrificados y a la vez menos reconocidos en la sociedad ecuatoriana era el de la Policía Nacional.

Y ahora parece llegado el momento de una “revolución” dentro de la Policía. El cambio legal propuesto ya ha provocado reacciones y rechazos desde personal de tropa hasta oficiales, que prefieren, por ahora, hacerlo desde el anonimato.

El Gobierno Nacional llega a este momento tras casi cinco años, donde invirtió en el mejoramiento del trabajo de los gendarmes, lo que se comprobó al alcanzar un presupuesto de 903 millones de dólares en 2010, cuando en 2001 esta cifra llegaba a 243 millones de dólares. Las tropas fueron dotadas de armamento y equipo, así como se procuró mejorar la tabla de salarios, que se duplicaron desde 2001 y en ciertos grados hasta se triplicaron.

La raíz de las deficiencias registradas en la institución está en la estructura y en la doctrina con la cuales trabajó la Policía desde hace tres décadas, según han confirmado varios voceros de la presidencia de la República, empezando por el propio Rafael Correa.

Así, el pasado 30 de septiembre -al cumplirse un año del intento de golpe de Estado y magnicidio  por un grupo de gendarmes insurrectos- el Jefe de Estado remitió a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Código Orgánico de las entidades de Seguridad Ciudadana que, según aclara el documento, busca una “profunda reestructuración” de la Policía Nacional al considerarla una institución “esencial” para la protección interna y el orden público.

Desde las primeras líneas del proyecto de ley -que consta de tres libros, 192 artículos, 8 disposiciones generales y 16 transitorias- se define el terreno: El carácter del trabajo de los policías nacionales se dirige hacia el servicio público, dejando a un lado la doctrina militar que hasta la actualidad está arraigada  al interior de sus tropas. En cada capítulo del cuerpo legal se pone énfasis en la vinculación que tendrá con la sociedad civil para, de manera conjunta, alcanzar “una verdadera seguridad ciudadana”.

Este espíritu del cuerpo legal fue confirmado por el ministro del Interior, José Serrano -uno de los funcionarios más involucrados en la redacción del proyecto-, quien afirmó el fin de semana anterior, durante  una feria sobre seguridad que se organizó en Quito, que la institución policial “avanza hacia un fortalecimiento conjunto con la ciudadanía”.

El Secretario de Estado reafirmó esta posición al informar que para el 2012 se estima que se  construirán 407 Unidades de Policía Comunitaria (UPC), hasta julio, y que, además, cerca de 25.000 uniformados trabajarán directamente con las brigadas y comités barriales para mejorar el modelo de gestión en los circuitos (nuevas extensiones de territorio, diseñadas para optimizar la reacción ante el cometimiento de infracciones).

Nueva división institucional

Una de las principales modificaciones estructurales que propone la normativa es la división de las entidades de seguridad ciudadana. El primer nivel estará conformado por los miembros de la Policía Nacional cuya naturaleza se la define como “un servicio público de carácter civil y profesional, prioritariamente preventivo, con intervención disuasiva y reactiva ante la infracción”.

Tal y como se maneja en la actualidad, se mantienen los rangos con sus períodos correspondientes para alcanzar los ascensos, y en artículos posteriores se aclara que si un elemento no cumple con los requisitos necesarios para ascender, será separado de la institución.  

En un segundo estrato se crea el Servicio Civil de Investigación (SCI) de la Infracción, que es una actividad pública de carácter civil y profesional que interviene en el ámbito de la investigación de la infracción.

La dirección jurídica de este nuevo órgano estará a cargo de la Fiscalía General del Estado y será  responsable de preservar los vestigios y la escena del delito; garantizar la cadena de custodia de las pruebas; elaborar los análisis forenses y periciales de las evidencias de las infracciones penales; y determinar la identidad humana para fines de registro de antecedentes.

En el cumplimiento de sus funciones el SCI dispondrá de equipos multidisciplinarios conformados por  servidores policiales o civiles, especialistas en Criminalística, Medicina Legal y áreas afines. Estos funcionarios tendrán las denominaciones de comisionados, supervisores, investigadores y detectives, según su nivel de gestión al interior de la entidad.

Y finalmente, el tercer nivel de estos organismos estará conformado por el Servicio de Protección Público (SPP), que dará  protección a los dignatarios, dirigido a prevenir y neutralizar cualquier acción que pretenda atentar contra la integridad de la persona protegida.

Entre las figuras que serán custodiadas por este grupo de élite están ministros de Estados y funcionarios, nacionales y extranjeros, y sus familias.

La preparación de elementos

En la actualidad, la preparación de los futuros elementos policiales está a cargo del Instituto Superior Tecnológico “Policía Nacional”, que imparte las carreras de Seguridad Pública, Criminalística, Investigación de Accidentes de Tránsito, Investigación de Policía Judicial, entre otras.

Si el Proyecto de Ley del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana se convierte en normativa nacional, surge la pregunta sobre la preparación que tendrán los elementos, sobre todo los de las nuevas ramas de SCI y SPP.

El código, en sus primeros artículos, puntualiza que la formación de los aspirantes a servidores policiales o civiles de cualquiera de los tres niveles organizativos será gratuita y que el Estado subvencionará los gastos que demande la misma, y estará contemplado en el presupuesto anual del órgano competente responsable de la gestión financiera de cada una de las instituciones.

El viceministro del Interior, Leonardo Berrezueta, resaltó que la formación correspondiente a investigación en las distintas ramas que contempla el Código será asumida por parte de la Secretaría de Estado a partir de una malla curricular y planteamientos idóneos para estos procesos.

Sobre la independencia de los organismos, el Viceministro confirmó que los servicios prestados por la Policía Judicial (PJ) se mantendrán en el país, pero que la única diferencia radica en que ellos no serán los que capaciten a los potenciales elementos que integrarán SCI.

De la misma manera, el funcionario hizo un llamado a la calma de los oficiales, al recordarles que en el cuerpo legal se siguen manteniendo las jerarquías al interior de la Policía Nacional.

A pesar de estos beneficios, el teniente Franklin Gallegos, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de la Policía de Guayaquil, confiesa que le resulta “ilógica” la creación de estas nuevas unidades especializadas, al considerar que en el país, y con los elementos que cuenta en la actualidad la Policía Nacional, se ha logrado dar duros golpes al crimen organizado.

“La Policía ha dado buenos resultados. Han caído bandas delincuenciales, cabecillas de cárteles, sicarios, se ha combatido el tráfico de drogas. Entonces, creo que más que nada la experiencia es la que logra que un uniformado se especialice, y no tanto que vengan expertos extranjeros, que por más conocimientos que tengan, ellos no conocen el modus operandi de las bandas delincuenciales”, indica Gallegos.

El ex oficial, que laboró por 14 años en la institución, revela que el proyecto de ley presentado ha causado inquietud y hasta malestar en la tropa, al considerar que la creación de las nuevas unidades es una forma de “dividir a la Policía Nacional”. Ese malestar del que habla Gallegos se incrementa, según él, por las expresiones del comandante de Policía del Distrito Metropolitano de Quito, Juan Carlos Rueda, quien se disculpó públicamente a nombre de la institución por los hechos del 30 de septiembre de 2010.

Gallegos presume que varios de los artículos del nuevo código tienen directa vinculación a los hechos de aquella jornada violenta; por ejemplo, al momento de excluir a los policías nacionales de la protección de los dignatarios y funcionarios. “Esa función ya la hacen los gendarmes, pero creo que se ha perdido la confianza desde que pasó el 30-S”, manifiesta el dirigente de oficiales retirados.

Dudas en la tropa

Una fuente de la Policía, que por lo sensible del tema prefirió mantener su nombre en reserva, indicó que al interior de la tropa se mantiene “un alto grado de intranquilidad” por las diferentes versiones que se dan sobre el proyecto de ley.

Según el uniformado, la mayor parte de los  elementos de la Policía Nacional considera que la creación de la SCI y del SPP son una forma de desunir a la institución. Sin embargo, el mismo gendarme confirma que en ocasiones anteriores ha existido desinformación entre la tropa, por lo que en esta ocasión, en los cuarteles se está empezando a descargar el documento oficial de las páginas electrónicas de la Asamblea Nacional, del Ministerio del Interior y de la propia Policía Nacional, para empezar a estudiar el cuerpo legal.

No obstante, admite que las informaciones que han recibido de primera mano por parte de los medios de comunicación han causado “una grave preocupación” entre los uniformados, más aún al conocerse que una vez aprobada la normativa se iniciará con una evaluación de todo el personal, lo que podría derivar en separaciones de la institución. Se estima que en el Ecuador existen cerca de 42.000 policías.

Sobre estas dudas, el viceministro Berrezueta recalca que la normativa está siendo socializada. Puso como ejemplo que  la semana anterior miembros de la cartera  del Interior y delegados de la Policía Nacional estuvieron en las provincias de Loja, El Oro y Azuay dando a conocer los detalles del cuerpo legal en los cuarteles de estas jurisdicciones. Mientras que esta semana estuvieron en Guayas y la próxima se tiene previsto visitar la delegación de Galápagos.

El Viceministro también confirmó que la ley se dará a conocer a través de campañas en los medios de comunicación y con la entrega de 5.000 ejemplares, para ser distribuidos entre oficiales, clases y policías.