En el informe se admite que en el objetivo de contar con un régimen integral de Gestión de Talento Humano que garantice la carrera judicial sobre la base de procesos técnicos de ingreso, evaluación objetiva y periódica,  ha levantado controversia  y ha generado especial atención en la opinión pública.

Ha sido tarea ardua y compleja remover la posición de un gran número de personas: entre 3.500 y 4.500 funcionarios y personal administrativo,  con prácticas observadas por la gente como “defectuosas” y “deficientes”.

No hubo la colaboración de los antiguos empleados para unirse en el objetivo de  superar los índices ancestrales de lentitud, corrupción, falta de diligencia y efectividad en el servicio público de la justicia, que antes de la reforma acumuló más de 1 millón de causas rezagadas, en toda instancia y materia.

En este eje, la Veeduría  recomienda adoptar un reglamento de evaluación; mejorar la comunicación entre los niveles; que el Estado siga con su apertura a instancias foráneas  y a colectivos; cumplir los compromisos económicos  para el desenrolamiento; establecer una normativa de quejas e incentivos para servidores; garantizar la no injerencia de los demás poderes del Estado en la justicia; transparentar la información de los concursos de Corte Nacional y adoptar mecanismos para transparentar resultados de los concursos de méritos y oposición.