La nueva Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado establece un marco jurídico para crear una competencia justa y uniforme entre los operadores económicos, que beneficie a los consumidores, explicaron analistas.

Esta legislación, que fue sancionada el 11 de octubre por el  Presidente de la República con las modificaciones realizadas por la Asamblea Nacional, controla a sectores clave de la economía, como   la industria, comercio y banca. 

El analista Marco Naranjo asegura que la esencia del nuevo marco legal es regular las ineficiencias que causan en la economía   los monopolios, oligopolios y monopsonios, que controlan el mercado.

“Existen monopolios, oligopolios y monopsonios (demanda total de una mercadería en un solo consumidor) que llegan a acuerdos colusivos para arrebatar todo el excedente del consumidor, lo cual es perjudicial, ya que ellos fijan el precio, establecen cantidades, segmentan los mercados o solo producen para determinado sector de la población”, explica el experto.

Lo esencial -agrega Naranjo- es evitar este tipo de empresas, porque  son las responsables de la inflación. Señala que buena parte del comportamiento de los precios se debe a los monopolios, que además limitan  el crecimiento de la economía, debido a que el poder es ejercido por unos pocos.

En este sentido, afirma que la nueva legislación sin duda es “positiva” y que el mayor beneficio será para el consumidor  porque va a controlar el poder del mercado que tienen determinadas empresas en el país.

El subsecretario general de Planificación para el Buen Vivir de la Secretaría Nacional para la Planificación del Desarrollo (Senplades), Diego Martínez, explica que con esta normativa el consumidor obtiene mayor variedad de productos y servicios, con mejor calidad y a precios más bajos. Agrega que se  evitará que las empresas basen su crecimiento en ciertas prácticas de abuso a los consumidores.

Martínez destaca, también, que la directriz protege al  empresario de los abusos y la competencia desleal. “Si una empresa quiere entrar a un mercado, estará protegida de que sus competidores obstaculicen su entrada a través de acuerdos desleales. A su vez, aquellas empresas que ya participan de un mercado estarán protegidas de que los nuevos inversionistas impongan condiciones que puedan hacer quebrar a sus competidores”, precisa.

La norma prevé la creación de la  Superintendencia de Control del Poder de Mercado, que será la encargada de sancionar a las compañías que incurran en prácticas desleales. El titular del organismo será  designado  de una terna enviada por el Ejecutivo al Consejo de Participación Ciudadana. Las compañías sancionadas pueden llegar a pagar hasta el 12% del volumen total de las ventas del negocio.

Al respecto, el  director de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana, Cristian Espinosa, considera que si bien la ley ayudará  a corregir las prácticas de abuso en el mercado, las sanciones son demasiado “fuertes”. Por ello, estima,   se debió poner  más   énfasis en la promoción de la competencia vía incentivos y no tanto en los castigos.

Espinosa afirma que está de acuerdo  que el Gobierno controle los bienes públicos y privados, pero expresa su preocupación respecto al papel que podría desempeñar la autoridad reguladora del mercado, ya que cree que “en Ecuador no existe una institucionalidad bien formada”.

“Tengo dudas al respecto porque tenemos experiencia de que en otros estamentos del Estado no hay verdadera independencia, especialmente  del Ejecutivo”, menciona.

Por su parte, Naranjo añade que en otros países donde se aplican leyes antimonopolio es el  Estado el que tiene que ejercer la regulación del mercado, ya que “el sector privado no puede  ser juez y parte”.

También señala que  es importante que la multa sea lo suficientemente fuerte para restar poder a los monopolios y evitar que estos incurran en prácticas no competitivas.