El subsecretario de Justicia, Diego Guarderas, presentó ayer un escrito ante la Fiscalía para que se inicie una indagación previa frente a la presunta matanza a miembros del pueblo Taromenane (pueblos en aislamiento) por parte de indígenas del pueblo Waorani.

Guarderas pidió quee se tome las versiones a las personas que conozcan información acerca de los hechos denunciados, especialmente del presidente de la nacionalidad waorani, Cawetipe Yeti, quien ha declarado a periodistas que detrás de la supuesta masacre hay un interés de venganza.

En la denuncia, difundida a través de un comunicado, el Ministerio de Justicia solicitó a la Fiscalía que emprenda "todas las diligencias que sean necesarias para determinar la existencia del presunto delito y sus responsables".

Guarderas explicó que su denuncia no se dirige contra alguna persona en particular, sino a que se determine la verdad.

"Como ministerio nos corresponde dar seguimiento a las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos" sobre protección a los derechos de los pueblos indígenas, señaló el subsecretario.

De momento, precisó, no se ha podido confirmar la versión de la supuesta masacre. Sin embargo, añadió que dos menores taromenane, supuestamente secuestradas tras el ataque, fueron llevadas al caserío Yarentaro, de la comunidad waorani, donde personal del Ministerio de Salud Pública les brindó atención.

El comunicado precisa que la brigada sanitaria ha ingresado en dos ocasiones a dicha localidad para atender y efectuar chequeos de rutina a las dos niñas taromenane.

Asimismo, el Ministerio de Justicia recordó que se han efectuado tres sobrevuelos por la región selvática, en los primeros días de abril, para intentar localizar el sitio de la supuesta matanza ocurrida a finales de marzo.

El ataque, según versiones de dirigentes indígenas, se habría producido por una venganza, ya que a inicios de marzo pasado una pareja de líderes waorani habrían sido asesinados con lanzas, aparentemente por los taromenane que custodian sus territorios para impedir el paso de personas afines a empresas madereras.