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Las críticas al registro de marcas tienen tinte político

La solicitud  presentada por   la Secretaría  de la Administración Pública ecuatoriana respecto a la marca “30S”, “30-S” y “Prohibido olvidar” es únicamente para publicidad, servicios de comunicación, marketing y periodismo.  

José Manuel Martínez Vera, director Nacional de Propiedad Industrial  del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), afirma que cuando una persona natural o jurídica, o una institución pública o privada  obtiene  los derechos sobre  una marca, en principio obtiene el llamado “derecho de prohibir”, es decir que puede impedir el uso de la misma si perjudica a quien la registró, pero esto no implica una negativa absoluta. 

En el derecho de marca existe también el principio de especialidad, las limitaciones a este derecho significa la tolerancia  siempre y cuando su uso  sea de buena fe, no sea a título de marca y no tenga un interés comercial. Lo que se busca a través de la obtención del registro es evitar el mal uso por parte de terceros.  

El titular del registro de las  marcas “30S”, “30-S” y “Prohibido Olvidar” no es el presidente de la República  ni el Gobierno de la Revolución Ciudadana, es el Estado ecuatoriano.

La marca registrada no solamente va a ser protegida el tiempo que dure este gobierno. El registro tiene una vigencia de diez años con opción a renovarse.       

No es una solicitud que se hace a título personal sino que está hecha a nombre del Estado ecuatoriano y quién mejor para saber qué marcas protege y regula,  como es el caso del 30S, fecha que tiene una connotación especial.       

La Ley de Propiedad Intelectual y normas internacionales  de propiedad Intelectual sugieren a las personas naturales o jurídicas de derechos privados o públicos que protejan sus marcas.  

En Ecuador no es la primera vez que se registra una marca y tampoco es el único país donde se ha realizado.  Agustín Saguier, director General de Propiedad Privada Intelectual de Paraguay, explica que solicitar una marca en el caso de Ecuador con las siglas de una fecha, en este caso el 30S, no es nada nuevo.

En Paraguay existe un periódico con la marca “1811”, año de la independencia paraguaya  y no hubo ningún inconveniente. “Lo que está sucediendo aquí es un problema político coyuntural”, agrega.   

En todos los países las leyes de registro de una marca son similares porque están regidas por normas internacionales.     

No es ninguna novedad lo que está sucediendo en Ecuador; simplemente está protegiendo una marca con un significado especial.       

La marca no es de uso exclusivo del presidente Correa ni de su Gobierno, ya que el registro  dura diez años y el día de mañana pudiera haber un nuevo gobernante.

Martínez  comenta que el caso de presentación de objeciones sobre el registro de las marcas “30S”, “30-S” y “Prohibido Olvidar”,  simplemente se lo está tomando como una guerra política porque los objetores no han hecho siquiera una investigación legal respecto al tema.

Sobre el caso del twittero Eduardo Arcos,  quien se acredita la creación de la marca 30S, primero tiene que certificar jurídicamente que es el autor y mentalizador, y demostrar cuál es la obra que él hizo y la originalidad.  

El jueves  se cumplió el plazo de treinta días laborales para presentar la legitimación de la marca 30S, y Arcos no se presentó.

Sectores de oposición han criticado al gobierno por registrar estas palabras ya que aseguran servirá para evitar que la población no hable sobre estos temas.

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