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El Telégrafo
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La terminología del 30-S adquiere valor patrimonial

La terminología del 30-S adquiere valor patrimonial
16 de diciembre de 2011 - 00:00

La Secretaría Nacional de la Administración Pública dio a conocer que el registro de marcas en los gobiernos ha sido y es un procedimiento normal que busca precautelar los íconos que podrían ser considerados o convertirse en elementos con valor patrimonial, histórico o promocional en beneficio del país.

En una nota publicada en el portal El Ciudadano, se explica que este procedimiento también se lo hace con el  fin de evitar usos inapropiados o en desmedro de la imagen del país o de los hechos y  circunstancias que los motivaron.   

La información oficial reseña que en el Ecuador se hayan registrado las frases: “Primero Ecuador” (20 de noviembre 2009); “Socio País” (17 de junio 2011); “La Patria ya es de todos” (20 de noviembre de 2009); “Misión Solidaria Manuela Espejo” (Vicepresidencia de la República); “El trabajo infantil no es juego de niños” (Ministerio de Relaciones Laborales); “Innova Ecuador” (MCPEC); “ProduceEcuador” (MCPEC); “Todos somos migrantes” (Senami), entre muchos otros, además de “Ama la Vida” que está en proceso de registro.

De la misma manera, provincias ecuatorianas e, incluso, otras naciones adoptan estas medidas legales para precautelar el uso de determinados términos. Es así que existen las frases  “Quevedo Ciudad del río”; “Bésame mucho”, en México, y “Madrid” por la Comunidad de Madrid, Vicepresidencia primera y portavocía del Gobierno.
Uno de los casos más reconocidos fue el trámite iniciado por el  gobierno de Perú para declarar la palabra  “Cebiche” como patrimonio de su gastronomía.

El secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado, indicó -además- que en el pasado, varios Ministerios han registrado diferentes marcas, por ejemplo el Ministerio de Turismo, en 2006, registró la marca “La vida en estado puro”; en 2002,  el mismo Ministerio realizó un proceso similar con la marca “Ecuador”. Esto, según Alvarado,  demuestra el legítimo derecho que tienen las instituciones del Estado para proteger las marcas que crean convenientes, tal como lo establece el Artículo 377 de la Constitución vigente.

Ante este escenario, el funcionario dijo que, “en uso de nuestras facultades y atribuciones legales, y de conformidad con la ley y convenios internacionales que regulan la Propiedad Intelectual, se solicitó al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual también el registro de las marcas 30S y 30-S el 16 de septiembre de 2011, y se lo hizo para evitar el posible mal uso y distorsión con fines políticos o de otra índole, dado que el 30 de septiembre ocurrió un suceso de connotación nacional e internacional que llevó a la ciudadanía a salir a las calles a defender la democracia y condenar el intento de golpe de Estado”.

Aclaración sobre uso

El secretario Alvarado indicó que, en el caso de que la solicitud hecha por el Ejecutivo sea aceptada, no implica “que las marcas no puedan ser usadas por cualquier persona para fines informativos o identificativos, siempre y cuando su uso sea de buena fe, no persiga fines comerciales y no se haga a título de marca”.

El procedimiento de registro de una marca por parte del Estado ecuatoriano  se encuentra amparado por la Ley de Propiedad Intelectual y por la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, y cualquier persona que tenga un legítimo interés, tal como lo señala la ley, puede oponerse a la solicitud.

Alvarado señaló también que, mediante Decreto Ejecutivo 706, se creó la Comisión Estratégica de Marcas, para potenciar la marca País y, además, poner a consideración de la ciudadanía, en caso de que se quiera hacer una explotación comercial de éstas, los procedimientos adecuados para el correcto uso y aprovechamiento de las mismas.

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