Seis leyes marcarán el camino de la  Asamblea Nacional que hoy inicia funciones para  un período de cuatro años. Entra con una agenda definida para sus primeros 100 días. Ese cronograma lo hizo el Movimiento  PAIS, que tendrá 100 de los 137 legisladores.

La bancada de PAIS tiene planificado aprobar el Código Orgánico Integral Penal, las leyes de Comunicación, Recursos Hídricos, Cultura, reformas a las normas de  Seguridad Pública del Estado y orgánica de la Función Legislativa.

Para las comunas indígenas, las Leyes de Agua y Tierra son prioritarias y “esas exigiremos a la Asamblea”, afirmó Romelio Gualán, dirigente de la Red Agraria.

La Ley de Comunicación es clave por los mandatos de la Constitución y la consulta popular.  Desde ya los legisladores de oposición como los aliados de PAIS saben que esa  será la primera.

Félix Alcívar (PAIS) opina que la votación debe ser única y no artículo por artículo como se había planteado.

Ese criterio comparte el saliente presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, quien considera que “no hay que darle más alargues”. Mientras que Diego Salgado, de Creando Oportunidades (CREO), cree que hay artículos como los de responsabilidad ulterior y la integración del Consejo de Regulación que aún deben analizarse.

Será un Legislativo especial. Es la primera vez en la historia reciente de Ecuador que un movimiento político obtiene una mayoría calificada, con la que se puede hasta reformar la Constitución.

La definición de las autoridades será el primer paso en la sesión inaugural de hoy. La Constitución ordena que los tres asambleístas más votados presidan el acto.

Estas figuras son las de Gabriela Rivadeneria, Fernando Cordero y Marcela Aguiñaga. Como el segundo renunció, se deconoce si su puesto será ocupado por su alterna, Alexandra Ocles o el cuarto más votado: Iván Hurtado.

Lo primero será elegir presidente de la Asamblea, cargo que recaerá en Rivadeneira. Las  dos vicepresidentas serán Rossana Alvarado y Marcela Aguiñaga. Así lo definió el viernes pasado el oficialismo.

Cada designación requiere una votación. Las otras sillas del Consejo de Administración Legislativa (CAL) serán para  Virgilio Hernández y Rocío Valarezo.

Los aliados de PAIS como  Avanza  y grupos regionales podrían  conformar una bancada, lo que les permitiría una silla en el CAL. La oposición estaría representada en esa instancia por alguien de CREO.

La Ley de la  Función Legislativa, en el artículo 116, establece que las bancadas legislativas  se deben formar con un número de asambleístas que representen al menos el 10% de los miembros de la Asamblea, es decir 13 legisladores.

Si esto no se da, el artículo 10 de la propia ley define que los otros dos vocales podrían ser cualquier  legislador.  

Si el CAL no está conformado, la Asamblea no puede calificar las leyes y darles trámite. Otro punto pendiente es la integración de las 13 comisiones permanentes, así como las   ocasionales.

Para ello la nueva Asamblea tiene 12 días para integrarlas. En el caso de la Ley de Comunicación y de la de Cultura, las mesas ocasionales se mantendrían con los legisladores ponentes.

58 MILLONES DE DÓLARES GESTIONÓ LA ASAMBLEA EN EL 2012

En  2012 la Asamblea contó con un presupuesto final para gasto corriente de  58’878.778,39 dólares, el cual inicialmente fue de 54’622.687,12 dólares. Esta variación, según la Presidencia de la Asamblea, equivalente al 7,23%, se debió a los cambios en la Programación Anual de la Política Pública del Gobierno Central.

 En cuanto a inversiones, en dicho ejercicio económico se consolidó la construcción del  Complejo Legislativo de la Asamblea Nacional, por lo que la asignación inicial de 9’000.000 de dólares  tuvo un incremento del 42,81%, llegando a una cifra final de 15’736.182,37 dólares. En dicho período se invirtió en mobiliario, reparaciones y reemplazos por  243.504,03  dólares.

En el rubro de maquinarias y equipos, en cambio, se amplió la cobertura de la radio, se amoblaron las casas legislativas, se dieron los primeros pasos para la instalación de la Televisión Legislativa y  se equipó el sistema de seguridad institucional del circuito cerrado de televisión, por 4’063.356  dólares.

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