El miércoles pasado, la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Argentina ratificó el embargo dispuesto por el juzgado de primera instancia contra los activos de la multinacional petrolera estadounidense Chevron en ese país, dentro de una causa por contaminación en la Amazonía ecuatoriana.

Según el abogado Pablo Fajardo, procurador común de los afectados por la contaminación provocada por Chevron, esa decisión de la justicia argentina constituye otro revés para la multinacional, ya que “sistemas jurídicos fuera del Ecuador están dando la razón a los afectados y afectadas, que probaron que Chevron es culpable del daño ambiental por el que fue sometido a juicio en Ecuador”.

Según ese fallo y de acuerdo con lo que explicó Fajardo, la petrolera tendría que pagar, durante 58 años, a los afectados el 40% de los ingresos que obtiene en Argentina, esto es unos $ 60 millones anuales, hasta completar los  $ 19.000 millones de la demanda por daños ambientales.

En el fallo se ratifica el embargo de la totalidad de las acciones de Chevron en Argentina, sus dividendos, una participación minoritaria en un oleoducto y el 40% de sus ventas de petróleo antes mencionado.

En Argentina, los activos se valoran en dos mil millones de dólares y la compañía está impedida de venderlos sin que se levante el embargo.

Fajardo explicó que por orden de la justicia argentina se abrió una cuenta especial a nombre de las víctimas de la contaminación en un banco judicial de ese país, donde se deposita desde el 19 de noviembre anterior el 40% de las ventas petroleras de Chevron.

“Los recursos están ahí retenidos, agrandando la alcancía”, dijo el jurista, a la vez que informó que hasta finales del año anterior se habrían acumulado  $ 50 millones. Sin embargo, los afectados no podrán usar el dinero  hasta que la justicia argentina tome la decisión final.

El jueves pasado, mediante skype, desde Buenos Aires, el abogado de los afectados en Argentina, Enrique Bruchou, señaló que la justicia de su país rechazó los argumentos de Chevron, por lo que anunció que intentarán medidas similares en Brasil y Colombia, mientras que otra ya fue presentada  en Canadá.

El fallo de la justicia ecuatoriana y argentina se basa en que los afectados demostraron -durante 19 años de juicio- que Chevron arrojó en la zona donde operaba (Sucumbíos) 16.000 millones de galones de aguas de formación (agua tóxica) a ríos, esteros y fuentes de agua, de las que se sirven los habitantes de la zona. Adicionalmente vertió en la superficie 650.000 barriles de crudo, construyó 880 fosas sin ningún tipo de recubrimiento ni aislante, en las que depositó crudo y desechos tóxicos.

Estos daños ambientales han repercutido en la profundización de las precarias condiciones de vida de la población de la región: alta incidencia de muerte por cáncer, enfermedades de la piel, sistema digestivo y respiratorio asociadas a la contaminación; la desaparición de dos pueblos ancestrales (Tetetes y Sansahuaris), migración y acorralamiento de las nacionalidades indígenas cofán, siona y secoya; pérdidas económicas por  infertilidad y baja productividad de la tierra, muerte de animales de corral y ganado, y la violación a los derechos humanos de esas poblaciones (ver gráfico).

“Se ha hecho justicia, los indígenas han tenido tremenda pelea en las cortes”, manifestó el mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, el 3 de enero de 2012, luego de la decisión de la Corte Superior de Justicia de Sucumbíos que ratificó el millonario fallo contra la petrolera estadounidense Chevron por las consecuencias de la contaminación ambiental.