La Unidad de Información Socio Ambiental (UISA) de la Universidad Andina Simón Bolívar y el Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial presentaron un documento denominado ‘Estrategias de represión y control social del Estado Ecuatoriano. Informe Psicosocial en el caso Yasunidos’.

Ante un diverso público entre políticos, catedráticos, estudiantes universitarios, miembros de la fuerza pública, entre otros, se mostró en el paraninfo una supuesta investigación sobre las estrategias y objetivos usados por el Estado ecuatoriano contra el colectivo Yasunidos. Este grupo social surgió el 21 de agosto de 2013 tras el anuncio  del presidente Rafael Correa de explotar el petróleo del ITT.

Eva Vásquez, del Colectivo de Investigación, dijo que les interesó hacer un análisis con un enfoque psicosocial que toma como fuente  notas de medios de comunicación públicos y privados, así como varios informes y enlaces ciudadanos.

Añadió que el fin del documento no es convertirse en un instrumento jurídico sino ser un aporte para ubicar estas estrategias de represión para los movimientos sociales.

El texto es una cronología de los presuntos hechos represivos, donde se presenta una estrategia de ‘presión’ y de forma ‘intensiva’ de un control de la opinión pública. En este punto Vásquez dijo que se evidenció el uso de medios e instancias públicas para ‘manipular’.

Según el informe, se identificaron 3 subetapas: manipulación, represión y agresión del Gobierno, a las que se añade una de fraude electoral denunciado por el colectivo Yasunidos. Esto tras la descalificación de las firmas recogidas para una consulta popular por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Pietro Ameglio, académico de la Universidad Autónoma de México, dijo que el informe explica cómo el poder político lucha diferente al poder ciudadano al usar la parte militarizada, mediática y educativa.

Este colectivo no aclara cómo se financia para lograr sus informes, pero dice ser un grupo de personas investigadoras, activistas y académicas vinculadas en la defensa de los derechos humanos que son vulnerados por la violencia política y la represión social del Estado.

El documento supuestamente es avalado por catedráticos, investigadores y especialistas de México, Venezuela, Nicaragua, España, Brasil, Argentina, entre otros.