Cada vez la realidad se parece más a la ficción. Aunque lo que hoy sucede en el Ecuador en la vida real, nada tiene que ver con una misión secreta de James Bond -el emblemático agente 007 de la famosa novela de Ian Fleming-, o con un episodio de espionaje extraído de alguna novela de John Le Carre o Frederick Forsyth.
¿Qué relación tiene el comercio de nuestro país con la situación que hoy vive Edward Snowden, un ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien ha solicitado asilo en el Ecuador? Aparentemente ninguna. Sin embargo, los amenazantes pronunciamientos de varios legisladores del Congreso y Senado de Estados Unidos contra Ecuador -en el sentido de aplicar represalias, para eliminarnos del sistema de preferencias arancelarias, por la posible decisión que pudiera tomar nuestro país, al conceder un potencial asilo a Snowden-, rebasaron el ámbito del espionaje y pasaron a convertirse en burdos chantajes comerciales.
La ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas, ATPDEA, (por sus siglas en inglés), antes ley de Preferencia Comercial Andina (ATPA), era una concesión estadounidense que favorecía el ingreso de casi seis mil productos ecuatorianos al mercado de ese país. No era una dádiva concedida a Ecuador, sino un reconocimiento al esfuerzo ecuatoriano en el combate contra el narcotráfico. Era una compensación mínima a nuestro país, por la inversión requerida y por los problemas generados debido a la lucha contra el tráfico de estupefacientes, que tiene como principal actor al más grande consumidor de drogas en el mundo: los Estados Unidos.
Hace más de dos años -en marzo de 2011-, en un artículo publicado en la revista Rebelión, bajo el título de “Adiós ATPDEA. No es una mala noticia”, expliqué con amplitud, junto con Julio Oleas, el significado y las implicaciones que tenía este acuerdo comercial con los EE.UU. No es el primer chantaje que se nos hace, no es la primera vez que, como nación, sufrimos amenazas y manipulaciones de un sector del congreso estadounidense. Debemos admitir que no existe el libre comercio. El comercio es un arma de presión y siempre ha estado regulado para favorecer a los países más grandes y de economías fuertes.
Los chantajes comerciales son recursos que carecen de toda ética para deslegitimar las decisiones independientes y soberanas. La resolución oficial del gobierno del Ecuador -de terminar unilateralmente con la Atpdea-, es comprensible en este contexto. Es una pena que haya tenido este desenlace para tener la libertad de tomar decisiones que competen exclusivamente al ámbito diplomático y jurídico internacional, y a nuestros principios constitucionales. No es una medida apresurada ni asumida al calor de las emociones políticas, aunque ya se escuchan las primeras voces de protesta e indignación de sectores que argumentan aquello.
Ecuador no se deja confundir: el espionaje interno, el comercio, la manipulación y los cauces legales de una gestión diplomática son cosas muy distintas. Lo que en este caso ha sucedido es que todas ellas han sido forzosamente juntadas y con tan mala intención, que hoy ni siquiera podrían servir como un buen argumento para una novela de espías.