Dos de las cuatro organizaciones no gubernamentales que colaboran en el proyecto “Ciudadanía Activa”, financiado por Usaid, aseguran que no pondrían en juego su amplia trayectoria y reputación en un trabajo con sesgo político o ideológico para desestabilizar el Gobierno de Rafael Correa o para apoyar una campaña en contra del Decreto Ejecutivo 982 que regula a las ONG.

La Fundación Esquel, el Fondo Ecuatoriano Populorium Progressio (FEPP) y Fundamedios participan como subcontratadas en el convenio de cooperación firmado entre Usiad y Grupo Faro el 29 de diciembre de 2010, para ejecutar el proyecto “Ciudadanía Activa”, por 2,5 millones de dólares, aunque Usaid sostiene que el convenio actualmente es de 1,8 millones de dólares, pero Faro dice que es de 1,3 millones de dólares.

Esquel, que tiene 22 años de vida en Ecuador, está liderada por Boris Cornejo, quien le dijo a El Telégrafo que para participar de este proyecto fueron subcontrados por el Grupo Faro por la suma de 181.502 dólares,  para un trabajo de dos años.

Explicó que la tarea de Esquel es técnica y consiste en capacitar a 200 personas de 135 organizaciones de 20 provincias, entre ellas: asociaciones rurales, de desarrollo artesanal, de fomento de la democracia y de emprendimientos, organizaciones barriales, de vivienda, de discapacidades, de juventudes y otras.

Ante la pregunta: ¿Hay por parte de Esquel capacitación política e ideológica a líderes populares?, Cornejo contestó: “De ninguna manera, no es política partidista, es capacitación más bien de liderazgo integrador, anclado en las realidades de los territorios, de las culturas”.

Insistió en que “no hacemos ningún tipo de proselitismo político, peor aún impulsamos a algún grupo que quiera hacer oposición al Gobierno o desestabilizarlo. Eso no lo permitiría yo como director de Esquel, peor mi directorio y peor nuestros códigos de ética”.

Al ser consultado sobre si se justifica que Correa tenga recelo de ciertas ONG, indicó: “Con algunas fundaciones claro y creo que tiene su legítimo derecho y tendrá su información para decir lo que dice”.

En cuanto a la supuesta campaña que apoyaron en contra del Decreto 982, manifestó que Esquel más bien promovió el diálogo con el Gobierno, “para que quede claro que absolutamente lo que se quiere no es una intervención del Gobierno en las cuestiones internas de las organizaciones, sino crear un marco jurídico que les haga responsables de sus acciones a las ONG, “porque finalmente estamos interviniendo en temas de política pública”.

Mientras que, José Tonello, director ejecutivo del FEPP, ONG con 42 años de vida en Ecuador, admitió que suscribieron el convenio con el Grupo Faro por 172.000 dólares.

Aclaró que el trabajo del FEPP es técnico y que aceptaron colaborar en el afán de “hacer redes, vincularnos, tener contrapartes. Se nos asignó la tarea justamente por ser los que más estrechas relaciones tenemos con grupos campesinos, de indígenas y con las organizaciones populares”.

Indicó que desde hace tres años trabajan en la propuesta de lo que sería el fortalecimiento de la sociedad civil, articulado al Plan Nacional del Buen Vivir y los objetivos del Desarrollo del Milenio.

En cuanto al Decreto 982, indicó que más bien se reunieron con autoridades del actual Gobierno para tratar de pulirlo.
Además, indicó que el objetivo era conocer cómo funciona la cooperación norteamericana, puesto que la mayor parte del  financiamiento del FEPP siempre ha sido europeo. Insistió en que el proyecto no es político y que el tiempo demostrará aquello y la población lo juzgará.