Los informes de los expertos contratados por la empresa Chevron en las zonas de la Amazonía donde explotó crudo y que confirman la existencia de contaminación, pueden ser aprovechados por el Estado ecuatoriano en un proceso que se sigue en un tribunal arbitral de La Haya.

Para el abogado de los afectados por el daño ambiental en la Amazonia, Pablo Fajardo, esa información le sirve a Ecuador para el arbitraje, porque demostrará que hubo fraude más bien de parte de Chevron y no de las cortes ecuatorianas, como la trasnacional argumenta.

“Sus expertos le reportaban a la empresa que sí hay contaminación y lo que hizo la empresa fue ocultar la información y continuó con sus discursos alegres de decir que hubo fraude en el juicio, pero en realidad Chevron es responsable”, explicó.

Por tal motivo, cree oportuno aprovechar esos datos de forma adecuada.

El resultado de esos informes fue expuesto por el mismo presidente Rafael Correa, el pasado martes. Los documentos revelan que peritos contratados por Chevron efectuaron preinspecciones en las zonas y pozos en donde operó esa transnacional cuando era Texaco.

Según los informes, en Lago Agrio 2, Chevron identificó 4 pozos y confirmó que existían hidrocarbonos irremediados en al menos el pozo 3, abierto antes de 1976 y cerrado por Texaco en 1990.

Sobre Guanta 6, se trata de un pozo quemado, una especie de pantano de petróleo. Cuando Chevron investigó encontró contaminación en los sedimentos y que se había regado 800 metros bajo la corriente de agua de donde los residentes locales extraen el líquido vital.

El mismo informe pericial indica que Chevron tomó muestras aguas arriba y no aguas abajo, donde no había polución y que los hidrocarburos habían migrado por los lados del pozo y contaminaron un riachuelo cercano.

De este pozo no se refirió Texaco en el acuerdo de liberación de obligaciones; sostenía que lo había cerrado previamente y que, por lo tanto, “no había nada que remediar”.

En Shushufindi 25, Texaco perforó 4 pozos en el sitio, tres de los cuales fueron remediados, según el acuerdo de finiquito. Pero los expertos encontraron una amplia contaminación en el lugar.

Análisis tomados en enero de 2004 documentaron la presencia de una alta contaminación petrolera y que fue detectada abajo del suelo aparentemente limpiado, con el cual Texaco había cubierto durante el proceso de remediación. Los informes también revelan contaminación en Aguarico 2 y Yuca 2.

El 4 de mayo de 1995 el Estado ecuatoriano y Texaco firmaron un contrato de remediación y el 30 de septiembre de 1998 se firmó el acta de finiquito en la cual el Estado libera a Texaco de toda responsabilidad o reclamo futuro.

El documento fue firmado por el entonces ministro de Energía del gobierno de Jamil Manuad, Patricio Ribadeneira; el exgerente de Petroproducción, Luis Albán; el presidente ejecutivo de Petroecuador, Ramiro Gordillo; y el vicepresidente de Texaco, Ricardo Reis Veiga.