“Enseñar el respeto como norma fundamental de vida ha hecho  que los pueblos mantengan  la armonía y el orden social al interior de sus comunidades”, dice Alejandro Lema, asesor jurídico de asuntos culturales del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador. La cosmovisión y filosofía indígenas hacen énfasis en que los grupos ancestrales son entidades milenarias que se desarrollaron, desde luego, con base en creencias culturales, filosóficas, políticas y, lógicamente, jurídicas.

Hay varios elementos de los sistemas legales indígenas, aseguran miembros de las comunidades, que los consideran procesos ágiles, oportunos, dinámicos, justos, siempre orales y que, sobre todo, se adecúan a la realidad existente. El sistema legal indígena se adapta a los diferentes lugares y tiempos de acuerdo con los modos de vida de cada pueblo y nacionalidad.

Lema agrega que existe una serie de prácticas al interior de las comunas sin normas escritas, es decir, que se   reconocen las prácticas ancestrales orales... Dicho proceso de solucionar conflictos al interior de las comunidades se denomina “Llakita allichita” (“solucionar problemas”). Esto es visto como el ejercicio de un derecho de los pueblos indígenas para preservar un sistema que, consideran, ha funcionado bastante bien, dentro de una cultura bastante sana, como expresan sus miembros; una cultura por lo general vacía de los vicios que tienen las ciudades.

Sin embargo, la aplicación de la administración de justicia indígena ha sido motivo de críticas y emisión de juicios de valor, tales como  aplicaciones salvajes, folclóricas, irracionales, primitivas o que atentan contra los derechos humanos.

Diego Velasco, antropólogo urbano, indica que desde la tradición antigua las comunidades se manejaban con este tipo de advertencias, que preservaron puesto que daba resultado, y que el adjetivo de “bárbaro” habría que considerarlo, quizás,  en relación incluso con muchos rasgos de la justicia occidental, en su versión ecuatoriana.

“Tenemos por lo menos 10 mil años de vida, apenas 500 años de invasión, y doscientos años de una vida republicana mal construida, en la que se manejan criterios unitaristas, de no respeto a la diversidad y más cuando se trata de la convivencia sana con el prójimo”.  

Manuel Aynaguano, presidente del Movimiento Indígena de Tungurahua (MIT), recalca, por su parte, que luego de varios intentos para desaparecer el sistema de justicia, este ha permanecido vigente.

Ángel Medina, secretario ejecutivo del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe), define la práctica y el conocimiento sobre administración de justicia, llamado propiamente Derecho Indígena, como los conocimientos, normas y principios que han sido conservados y transmitidos de generación en generación en forma substancialmente oral.

Alfredo Toaquiza, dirigente comunitario de la parroquia de Tigua, en la provincia de Cotopaxi, reconoce, que existen problemas que no se pueden resolver al interior de las comunidades, como es el caso del asesinato. La discrepancia en torno al tema persiste entre los dirigentes de varias localidades, principalmente en la región de la Sierra.

Lema insiste, de cualquier manera, en que la aplicación de justicia por los líderes comunitarios se afianza, en vista  de las desigualdades e injusticias que se cometen con los pueblos pobres. Velasco acota que hay que remitirse a la Constitución ya que todos los conceptos deben ser mediatizados, comprendiendo la cultura y la verdadera filosofía que mueve a la sociedad multicultural.   

Las penas comunitarias

Para los pueblos indígenas las sanciones no son consideradas como negativas, sino que son una forma de lograr que el infractor tome conciencia, se arrepienta y cambie de actitud, en el idioma kichwa se dice wakaychina (hacer que se arrepienta), en el sentido del rimanami (aconsejar). Las sanciones son aplicadas también con una connotación espiritual, es decir que se quiere corregir la parte racional o fisiológica del infractor y  purificar el alma y el espíritu.
Las  sanciones no tienen una regla definida, depende del caso y la comunidad, pero el pago regular es con trabajo.

En ninguna de las penas de la justicia indígena se contempla el encarcelamiento, sino solo como meditación, y no puede ser por más de dos semanas, ya que esto atenta contra el derecho a la libertad de los pueblos, explica Lema.
Como última medida está la expulsión de la comunidad. Se aplica en casos muy graves o en que el infractor no haya cumplido con los compromisos, o  no cambie de actitud. Esta sanción es temida por los miembros de los pueblos, porque es como quitarles su identidad, en virtud de que es difícil desarraigarse de su hábitat natural, que es fundamental en su vida.

En la Sierra, la sanción de la muerte como castigo no se ha aplicado, sin embargo en los pueblos indígenas de la Amazonía sí se ha llegado a ese extremo. Las sanciones no solo buscan castigar al culpable sino la conciliación, llegar a un acuerdo, de allí que el procesado permanece en su propio medio y no es aislado de la comunidad como sucede en la justicia ordinaria.

La solución de un conflicto es motivo de fiesta y alegría para toda la comunidad, ya que nuevamente ha retornado la paz y la armonía social, por eso al final se organiza la comida comunitaria y beben chicha.

La aplicación de estas sanciones es aceptada y respetada por los pueblos y nacionalidades, pero no así por la sociedad blanca mestiza y varios gobernantes de turno; para ellos siguen siendo actuaciones salvajes y primitivas que atentan contra los derechos humanos y demás leyes vigentes en el país.

Muchos analistas opinan que el sistema de justicia indígena no se contrapone ni contraviene las disposiciones de las leyes ordinarias, sino que se complementa con ellas y constituye una alternativa valida y eficiente. Otros van más lejos y aseguran que hay que unirlos.

La idea es que, para evitar que se vean mal estas aplicaciones, se requiere de un proceso multicultural que debe iniciarse en las escuelas y que consiste en respetar las creencias de los pueblos, “si no nos vemos multiculturales, pues seguiremos viendo estas prácticas como salvajes, cuando más salvaje es este mundo estigmatizado por la falta de conocimiento”, refiere Velasco, quien añade que la justicia mestiza no está bien fundamentada ni en sus propias raíces, pero subestima a la justicia comunitaria. “Muchas veces la justicia occidental está dominada por el mercantilismo y por la mentira...”. Con una visión crítica, pero de espaldas al prejuicio y a la estigmatización, la sociedad en general tiene algunas cosas que aprender de la cosmovisión tradicional andina.