Nueva York.-

Las resoluciones de la Asamblea General no tienen un carácter jurídicamente vinculante. Por lo tanto, con el proyecto de resolución sobre la situación de derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) no se resuelven en nada las violaciones y abusos de derechos humanos que ahí se denuncian, ni se repara a las víctimas ni se sentencia a los culpables. No es un fallo, es un texto declarativo.

En cambio con él se cierran las posibilidades de diálogo constructivo que permitan generar una mejora sustantiva de los derechos humanos en el terreno, se aísla más a los ciudadanos norcoreanos y se exacerba la tensión en la península, amenazando la paz en la región y en el mundo.

El informe de 400 páginas en el que se describen escenarios atroces fue elaborado con base en denuncias de una comisión que nunca visitó Corea del Norte. El Gobierno de Ecuador no ha establecido relaciones diplomáticas con Corea del Norte (a diferencia de muchos países miembros de la ONU), mientras sí tiene las mejores relaciones de amistad y cooperación con Japón y Corea del Sur. Por tanto, nuestros intereses geopolíticos, desprendidos de cualquier posición de principio, habrían apuntado a que votemos a favor de la resolución.

Ecuador condenó los abusos y violaciones de derechos humanos, se solidarizó con las víctimas y sus familias y llamó explícitamente a Corea del Norte a que contribuya positivamente con los mecanismos existentes de derechos humanos, insistiendo -además- que las investigaciones sobre los connacionales japoneses, en particular las víctimas de secuestro, arrojen resultados rápidos, concretos y positivos. El Gobierno dejó sentada su posición sobre la situación de derechos humanos en Corea del Norte sumándose al consenso en la adopción de resoluciones similares en las sesiones 67 y 68 de la Asamblea General.

Pero el nuevo proyecto alienta al Consejo de Seguridad a tomar medidas sobre el asunto de derechos humanos, no solamente mediante la transmisión del caso a la Corte Penal Internacional. El objetivo de la defensa de los derechos humanos no debe contribuir a exacerbar situaciones de tensión o conflicto, como ocurrió en Irak en 2003, en donde, bajo pretexto solapado de defender los derechos de miles de iraquíes, se violaron los de cientos de miles y se cometieron atrocidades. Todo esto a nombre de la “civilidad y la decencia humana”. Ecuador registró en actas su explicación de posición en el sentido de que su voto en contra no prejuzga la posición del país sobre la situación de derechos humanos en Corea del Norte.

Contrariamente a lo que algunos medios pretenden, la resolución no implicaba votar favor o en contra de que Kim Jong-un sea procesado por la Corte Penal Internacional. Esa decisión no le corresponde a la Asamblea General y, en todo caso, no es necesaria. El Consejo de Seguridad bien puede por sí solo, con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remitir al Fiscal de la Corte Penal Internacional una situación en que parezca haberse cometido crímenes de lesa humanidad.

En algún medio se planteó que no condenar lo que ocurre en Corea del Norte podría compararse con haber sido indiferente ante horrores históricos como los de Hitler. Y justamente nada se dijo de que, mientras Ecuador votó a favor de la resolución para condenar y combatir la glorificación de los nazis y los neonazis, algunos países se abstuvieron o, por ejemplo, Estados Unidos votó en contra. Sin duda ni Ecuador dejó de condenar las violaciones de derechos humanos por su voto en contra de la resolución sobre Corea, ni Estados Unidos dejó de condenar al nazismo por su voto en contra de la resolución sobre el combate a la glorificación nazi. Son más bien aquellos que pretenden reeditar la historia por medio de tergiversaciones los que deberían dar explicaciones.