El secretario de la Corte Permanente de Arbitraje dejó a Ecuador sin la posibilidad de presentar una prueba vital que demostraría el daño ambiental causado por Texaco-Chevron en la Amazonía. El tribunal rechazó la solicitud de recusación del país en contra de los miembros de los jueces a cargo de la demanda presentada en 2009 por la transnacional en contra del Estado. El caso es conocido como Chevron III.

La petición de recusación fue presentada el 24 de octubre pasado, con base en el Reglamento de la Secretaría de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral, por sus siglas en inglés). A criterio del Estado, el tribunal tomó decisiones que violan los derechos procesales del país y demuestran que no actúan de manera imparcial, justa y equitativa.

La prueba, más la presentación de información obtenida por la Procuraduría General del Estado (PGE) en EE.UU. de los propios peritos de Chevron que actuaron en el juicio de Lago Agrio, revelaba la estrategia que aplicó la empresa para ocultar el daño ambiental.

La PGE argumentó que el tribunal no cumplió con sus obligaciones y no dedicó el tiempo necesario para tomar decisiones importantes dentro del proceso, entre ellas la visita al sitio solicitada por el país hace más de 3 años. Para Ecuador, hubo  un patrón de conducta en sus actuaciones que favoreció a Chevron.

La postura del país sudamericano es que el tribunal ha fallado al no sancionar a Chevron-Texaco por violaciones procesales, como la presentación de evidencia sin autorización y a última hora, así como la violación de su orden de no exacerbar la disputa.

Luego de la decisión del secretario de la Corte Permanente de Arbitraje del viernes pasado (de rechazar la solicitud de recusación presentada por Ecuador), el tribunal, compuesto por V. V. Veeder (presidente), Horacio A. Grigera Naón y Vaughan Lowe, seguirá conociendo el arbitraje Chevron III, dentro del que se ha previsto la realización de una audiencia para abril de 2015.

Sin embargo, la decisión del secretario de la Corte Permanente de Arbitraje no limita los derechos de Ecuador a solicitar la anulación del laudo o laudos que se dicten dentro de este procedimiento, derechos sobre los que la defensa del Estado hace expresa reserva.

El procurador, Diego García, dijo días atrás a EL TELÉGRAFO que los jueces del Tribunal Arbitral que llevan adelante el proceso interpuesto por Chevron contra el Estado, al no resolver la fijación de una fecha para visitar el sitio donde ocurrió el daño ambiental le dan, de alguna manera, un derecho de veto a la compañía, para impedir o prohibir lo referente a la posibilidad de que Ecuador acceda a esa prueba.

Ecuador solicitaba al Tribunal Arbitral que visite el país para constatar los daños producidos durante las operaciones petroleras de Texaco (cuyos activos y pasivos adquirió Chevron), pero pese a las insistencias y a los intentos de establecer un protocolo para la visita, el tribunal no definió cuándo vendrá.

La  petrolera estadounidense rechaza pagar la indemnización de $ 9.500 millones por los daños ambientales en la Amazonía. Culpa de la contaminación al Estado.