Luego de recoger las observaciones realizadas al proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, el documento será sometido hoy a votación.

Francisco Velasco, presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, junto con su equipo de asesores trabajó ayer en el informe final.

El legislador señaló que ya no será el Presidente de la República quien determine -vía decreto ejecutivo- las restricciones a la competencia en el mercado, sino que esa atribución la ejercerá la Junta de Regulación, que estará integrada por los ministerios de la Producción,  Política Económica, Sectores Estratégicos, y Desarrollo Social.         

Rafael Dávila (Alianza Libertad) sugirió que la Junta esté conformada por un delegado del Presidente de la República, uno de las universidades, uno del Defensor del Pueblo, uno del Ministerio de Industrias y uno de la Asociación de Defensa del Consumidor. El sector de la oposición también propuso que en este grupo estuviese un representante de las Cámaras de la Producción.   

La propuesta sugiere, además, el establecimiento de precios referenciales a los productos, con el fin de evitar que las grandes empresas monopolicen el mercado y exista una competencia desleal con los pequeños comerciantes.

Fernando Bustamante (PAIS) manifestó que el objetivo de la normativa es que se frene la concentración del mercado.

El socialista Eduardo Encalada puso como ejemplo de concentración cuando un cliente acude a comprar un vehículo y la concesionaria le obliga a asegurar el automotor con una empresa en particular.

Patricio Quevedo (PSP) dijo que otro de los aspectos que regulará y controlará esta iniciativa legal es que la banca no pueda tener a la par Casas de Valores y Aseguradoras.

Quevedo señaló que el mismo proyecto de ley rige para que  también los sectores financiero, comunicacional, empresarial y societario enajenen estos bienes hasta el 13 de julio de 2012.   

El legislador manifestó  que con esta iniciativa se ejecuta el mandato popular previsto en la consulta popular del 7 de mayo, en la que se determinó que quienes ejerzan la actividad financiera y comunicacional no pueden tener participación en  otra que esté fuera de su competencia. 

Velasco añadió que otro de los puntos que fue recogido -en su momento- por la comisión tiene que ver con los descuentos condicionados a través de la venta de tarjetas de afiliación que implican condicionamiento para acceder a dichas rebajas. Este aspecto consta en la norma como una infracción por abuso del poder de mercado.          

Quevedo sostuvo que las tarjetas de afiliación -como las que entregan Supermaxi y Fybeca- deben ser gratuitas para los ciudadanos: “No estamos de acuerdo con que se cobre, porque eso puede ser una estrategia de mercado de cada una de las empresas”.  

El titular de la comisión también analizó las Disposiciones Reformatorias relacionadas con el porcentaje de participación accionaria de la banca y de los medios de comunicación en otras empresas. Aunque la banca privada sugirió que se eleve de 6% al 25% de participación accionaria, el oficialismo se mantiene en que ese nivel es mucho más de lo que propone el ámbito internacional que está entre el 4% y 5%.

Ramiro Terán (MPD) pidió al oficialismo que se incluya el respaldo económico a las cooperativas mixtas de producción para que puedan competir en el mercado.

Velasco tiene la esperanza de que los asambleístas aprueben el informe, pues la noche del martes se sorprendió de que la oposición no lo archivara.

Escenario para hoy

La ausencia de los asambleístas Xavier Tomalá (PAIS) y de los independientes Scheznarda Fernández y Fernando Vélez en la sesión del martes genera en el oficialismo preocupación por el número de votos para apoyar este proyecto de ley, así como la resolución del 30-S, pues saben que para el segundo caso los votos de la oposición no cuentan.