Desde hace más de dos decenios, el gigante de la energía Chevron y activistas ecuatorianos, dirigidos por el abogado norteamericano Steven Donziger, se ven envueltos en un contencioso pleito sobre quién tiene la responsabilidad de la contaminación de una extensa franja de la Amazonía.
El 4 de marzo, un juez federal en la ciudad de Nueva York impidió que una de las sentencias de mayor cuantía monetaria y más analizadas en las historia del derecho de demandas colectivas se ejecutara en territorio estadounidense. La emisión de dicha decisión, un acontecimiento seguido muy de cerca en círculos jurídicos y ambientales, complicó aun más el futuro de los US$9.5 mil millones en daños y perjuicios que la Corte Suprema de Ecuador ordenó en 2012 a la gigantesca petrolera Chevron pagar por la sistemática contaminación de una franja de selva amazónica del tamaño del Estado de Rhode Island. En la resolución culminante de un juicio público de siete semanas, el Juez Lewis Kaplan declaró inválida la sentencia ecuatoriana. Según su conclusión, la multa de diez dígitos fue el fruto de un robo en la selva – el resultado de un “esfuerzo durante cinco años para extorsionar y defraudar a Chevron.”
La compañía petrolera celebró la decisión como “una victoria rotunda para [nosotros] y nuestros accionistas.” Steven Donziger, el aguerrido abogado por los demandantes ecuatorianos, denunció al juez como un cómplice en “la campaña de represalia corporativa más grande de la historia.”
El juicio celebrado en la ciudad de Nueva York marcó más que un posible parteaguas en la batalla campal sin tasa ni medida en la que Chevron se enfrenta con colonos campesinos y una alianza de cinco tribus indígenas amazónicas. El juicio también fue un inesperado regreso a casa. Hace más de un decenio, el mismo tribunal resolvió sacar la causa de Nueva York en donde, según los demandantes, correspondía conocer de ella, y remitirla a Ecuador donde Chevron gozaba de buenas relaciones con funcionarios públicos clave. La posterior oscilación entre dos sistemas jurídicos soberanos es poco común. También es poco común la decisión de Chevron de contrarrestar la decisión de Ecuador invocando la ley denominada Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act o ‘ley de organizaciones corruptas y bajo la influencia del crimen organizado,’ conocida por sus siglas en inglés RICO, una serie de leyes que se suele utilizar en la persecución judicial de las pandillas de motociclistas dedicadas a la venta de metanfetamina y de las célebres familias de mafiosos italianos. No es que la pretensión de Chevron de acogerse a la Ley RICO careciera de similitudes con los casos contra los mafiosos sicilianos. El único testigo de la acusación central de soborno hecha por la petrolera era un antiguo juez ecuatoriano Alberto Guerra, cuyos familiares más cercanos se habían naturalizado y reubicado en los Estados Unidos, todo cargado a cuenta de Chevron. Todo el argumento de Chevron giraba en torno al testimonio de un testigo que vivía bajo un esquema de protección corporativo. (Chevron ha dicho que la compañía tomaba “medidas razonables, basadas en evaluaciones por terceros, para proteger la integridad física y seguridad de Guerra.”)
La decisión de invocar la Ley RICO introdujo otro giro en una causa caracterizada por una inaudita expansión hacia otras jurisdicciones internacionales. Lo que empezó en la época de la primera investidura de Bill Clinton como una demanda colectiva interpuesta en un tribunal de Nueva York se ha ramificado en una maraña de sistemas jurídicos y alegaciones mutuas de corrupción que se encuentran en proceso de resolverse desde Buenos Aires hasta Gibraltar, desde Washington D.C. hasta la Haya. Hasta ahora, a más de media decena de autoridades judiciales se le ha solicitado sentenciar sobre la demanda principal y sus causas relacionadas. Los profesores de derecho la califican de “desafío de interacción paradigmática,” pero se describe mejor como un mega-desmadre jurisdiccional.
“Este drama es tierra ignota,” dice Josh Galperin del Centro para el Derecho y la Política Medioambiental de la Universidad de Yale. “No tenemos mucho con qué compararlo.” Marco Simons, el director legal de EarthRights International, señala en él un aspecto desorientador, levemente alucinógeno. “Bien pudiéramos estar viendo una escena de Alicia en el País de las Maravillas con un sinfín [laberíntico] de litigios,” afirma él. “Es difícil ver donde termina esto.”
El hombre que se encuentra en el centro de la causa es el abogado Steven Donziger de 53 años de edad. Realizó su primera visita al norte de Ecuador a comienzos de los años 90 como joven graduado de la facultad de derecho y poco tiempo después se integró al equipo de asesores jurídicos en sus inicios por el año 1993. Donziger no tardó mucho en surgir como su líder o “cabeza.” A lo largo de los últimos 21 años, la causa ha predominado y controlado su vida de tal manera que él no podía haberlo previsto cuando estudiaba en la facultad de derecho, cuando jugaba al basquetbol con Barack Obama y se imaginaba siguiendo una trayectoria profesional más convencional en el derecho del medio ambiente y del interés público.
¿Acaso tienes alguna idea de lo loca que está mi vida?” me preguntó Donziger tras la publicación de la decisión de Kaplan sobre la Ley RICO. “No creo que nadie comprenda en realidad cómo se siente siendo el blanco de todo el peso de una compañía como Chevron. Tienen espías privados realizando seguimientos a mi familia dondequiera que vaya. Tuve que contratar a un ex agente del FBI para comprobar que yo no estaba loco.” (Chevron desmiente dichas alegaciones.)
Donziger expresa a menudo incredulidad por los extremos vaivenes y las exigencias sin tregua del caso que le ha brindado fama y tal vez un día le brinde fortuna. Al ser entrevistado, su voz tiene un dejo de orgullo, desafío, rectitud y, con menos frecuencia, amargura. De lo único que nunca tiene dejo su voz, y no puede darse el lujo de tenerlo, es de fatiga. Su adversario es la segunda petrolera más grande de los Estados Unidos. Dicha empresa ha jurado luchar contra él y contra sus clientes del bosque pluvial amazónico hasta el fin de la tierra, lo cual ha incluido hasta el momento, sistemas judiciales y ministerios de relaciones exteriores localizados en tres continentes. Cuando se le acabe el campo de batalla en este mundo, Chevron promete combatir en el próximo –“hasta que el infierno se congele, y luego, combatiremos a ultranza en el hielo,” dijo un vocero de la compañía en 2009.
Se ha requerido más que simple resistencia para poder seguir peleando durante dos decenios en el cuadrilátero contra Chevron. Le ha exigido a Donziger una férrea determinación no susceptible al desgaste rápido, la cual él ha sabido blandir de manera ingeniosa, mas también contraproducente, una determinación que puede traer a la memoria la manía de los legendarios gringos bien intencionados que llegan a la selva en busca de la gloria y matan dragones junto con los autóctonos para que la propia selva acabe por consumírselos. Similar a los aventureros amazónicos de corte literario, Donziger posee cierto aire natural de fanfarrón. Resultaría difícil imaginárselo quedándose quieto por mucho tiempo, o explicando el caso en términos que no fueran machetazos retóricos.
“Chevron ha gastado más de US$ 2 mil millones para desgastarnos y acabar con nosotros,” dice él. “Pero todavía estoy aquí, todavía estoy contento, y el caso seguirá hasta que obtengamos justicia.”
La decisión de Kaplan del 4 de marzo no acaba con la pretensión de Donziger, porque un solo juez no tiene tal poder. El tribunal de Nueva York solo impidió al cliente de Donziger apoderarse de los US$9 mil millones de la sentencia ecuatoriana en los cincuenta estados de los Estados Unidos. Sin embargo, Chevron tiene miles de millones de dólares inmovilizados en activos líquidos, recursos e inversiones en países donde la decisión de Kaplan no tiene efecto legal. La acción judicial ahora se traslada a países terceros como Canadá, donde una filial de Chevron está en el proceso de desarrollar las arenas bituminosas de Alberta. Donziger tratará de tomar posesión de esos activos; Chevron tratará de pararlo. La Corte Suprema de Canadá tiene programada una audiencia en noviembre para oír las excepciones opuestas por Chevron. Donziger también está tomando acciones agresivas contra los activos de Chevron en Argentina y Brasil.
Chevron sigue concentrada en la ofensiva de convertir en demandados a los demandantes originales y a sus aliados valiéndose de novedosos métodos. Está demandando a Donziger en US$32 millones por costas legales para pagar el juicio de la Ley RICO (contra lo cual, Donziger ha interpuesto recurso de apelación), además de daños y perjuicios a los financieros de Donziger, incluido el magnate del juego en línea Russell DeLeon con domicilio en Gibraltar. En mayo, Chevron obligó a la tradicional firma de lobby Patton Boggs a retirarse de la causa y aceptó pagarle US$15 millones en la transacción. Lo más descarado, Chevron ha forzado al Gobierno de Ecuador a comparecer ante un tribunal de arbitraje y pretende cobrarle daños y perjuicios por haber permitido proceder el juicio original en Ecuador. (Este es el juicio que en un principio Chevron exigió que se celebrara en Ecuador en vez de Nueva York). En total, la petrolera ha demandado a cinco abogados que representan a las comunidades ecuatorianas, tres de los financieros de los juicios, una consultoría científica, y a los propios aldeanos demandantes de la selva.
La agresiva ofensiva de Chevron ha sido efectiva. Tan efectiva que Donziger no pudo pagar a su abogado durante el juicio relacionado con la Ley RICO y tuvo que depender de quienes ofrecieron sus servicios gratis para poder competir con las decenas de abogados y sus aluviones de incidentes y recursos interpuestos ante el juez. Este aspecto de los procedimientos venía a ser una repetición del juicio en Ecuador, donde según grupos como Amazon Watch, los abogados de Chevron intentaron amenazar a los jueces con tiempo en la cárcel si no declaraban procedentes el sinfín irrisorio de recursos que presentaban: una vez la compañía interpuso 39 recursos en menos de una hora. El abogado de Donziger, el litigante de San Francisco John Keker, utilizó su escrito de solicitud de retirarse de la representación de su cliente como una oportunidad para vituperar al tribunal y al funcionario judicial que preside la sala, acusando al Juez Kaplan de convertir el caso en una “farsa de novela de Dickens con su evidente sesgo a favor de Chevron.”
“Mediante el litigio de tierra quemada, ejecutado por su ejército de centenares de abogados, Chevron utiliza sus recursos sin límite para aplastar a los demandados y ganar este caso mediante la fuerza en vez del mérito,” escribió Keker. “Alentada por la implacable hostilidad de este tribunal hacia Donziger, Chevron interpone cualquier recurso, por improcedente que sea, con la esperanza de que el tribunal lo utilice para perjudicar a Donziger.”
La lógica detrás de la estrategia de Chevron de ser despiadado con todos quienes encuentren a su paso, según los observadores del caso, tiene menos que ver con considerarse inocente que con las implicancias que tendría en todo el sector de aceptar culpabilidad y derrota. La decisión dictada por los tribunales ecuatorianos fue un triunfo para un arreglo novedoso en el derecho ambiental de demandas colectivas: un grupo de demandantes indígenas pobres respaldado por una coalición sofisticada de abogados estadounidenses, financiamiento internacional, y abogados litigantes extranjeros especializados en la ejecución de sentencias. El éxito de esta estrategia sacudió a toda la industria del petróleo y gas, cuyos actores tanto grandes como pequeños enfrentan las mismas responsabilidades eventuales que Chevron.
“El caso de la Ley RICO promovido por Chevron tenía por objeto desanimar a las comunidades pobres y sus defensores de responsabilizar a las corporaciones,” dijo Ginger Cassady de la Rainforest Action Network. “Establece un precedente para que otras corporaciones lo sigan cuando deseen rebatir un desafío.” Donziger dice que el paradigma del que fue pionero “proporcionó un camino hacia el éxito para las comunidades de todo el mundo que tienen miles de millones de dólares en reclamos, pero no cuentan con recursos.” La América Corporativa, señala él, “cuenta con Chevron para exterminar este modelo para el futuro. Cada vez que nos aproximamos más [a la meta], lanzan otro ataque y corren el arco más atrás. Están tratando de comprar la impunidad agotando el tiempo.”
Chevron se puede dar el lujo de más que del tiempo. También puede darse el lujo de comprar las compañías fabricantes de relojes. Si logra que la justicia camine a baja velocidad hasta que fallezca la mayoría de los demandantes, no será la primera petrolera en hacerlo.
A lo que no podrá sobrevivir es a los decenios de vertidos de desechos tóxicos en los suelos y vías acuáticas del norte de Ecuador. Chevron no disputa la presencia de las toxinas—las cuales pueden rastrearse a la operación de Texaco en la región, sino su responsabilidad de las mismas. Al sumarse argumento jurídico tras argumento jurídico, se ahogan las voces de quienes plantean las cuestiones científicas y éticas, al igual que las voces de las comunidades indígenas que habitan las zonas tóxicas. “Lo que se pierde en los vericuetos de este pleito es lo único que importa,” dice Mitch Anderson de GiveClearWater, una ONG dedicada a proporcionar agua limpia a las comunidades afectadas. “La población de la Amazonía continúa cultivando cultivos en suelo contaminado y bañándose en ríos contaminados.”
Para evitar lo que se ha convertido en eterno choque frontal con la población de estas tribus y sus defensores, Chevron cambió este año el lugar de la asamblea primaveral de sus accionistas desde San Francisco a un museo del petróleo en la ciudad petrolera y gasífera de Midland, Texas —la zona cero del boom del fracking (o la hidrofracturación) en Estados Unidos, rodeada de vastas extensiones de desierto en todos las direcciones antes de levantarse la ciudad más cercana. Midland es un refugio perfectamente remoto para que Chevron se esconda de quienes desafían su poder y arrogancia. Ecuador tuvo su primer encuentro con dicha arrogancia en un lugar aun más remoto: la otrora prístina selva tropical húmeda que los ecuatorianos conocen por El Oriente. El encuentro comenzó con el mismo trasfondo que tantas de las otras historias del petróleo, con una dictadura militar recién instalada que necesitaba urgentemente divisas y desarrollo a toda costa.
A mediados de la década de los años 60, la Compañía Petrolera Texaco colaboró con la junta militar de Ecuador para explorar en busca de petróleo en la selva virgen del noreste del país, cerca de la frontera con Colombia. Por más de tres décadas, una filial denominada TexPet construyó y gestionó más de 350 sitios de perforación exploratoria y pozos localizados en tierras pobladas por cinco tribus indígenas locales y algunos campesinos migrantes dispersos. Además de mucho petróleo, se calcula que estos pozos produjeron 16 mil millones de galones de aguas residuales toxicas, incluyendo la llamada “agua de formación”, rica en metales pesados y carcinógenos como el arsénico, el cromo y el benceno. TexPet sacó el mayor provecho posible de las leyes y la fiscalización poco estrictas. Una parte de las aguas residuales se canalizó a fosas de poca profundidad; mucha más se vertió directamente a los ríos y al suelo de la selva. Respecto al propio crudo, un memorando de Texaco de 1972 dio instrucciones a los trabajadores que sólo notificaran sobre los derrames que “atraigan la atención de la prensa y/o las autoridades regulatorias.”
Texaco terminó sus operaciones en Ecuador en 1992. Cuando entregó la gestión de algunos de sus sitios de perforación a la petrolera estatal Petroecuador, se calcula que mil fosas de desechos estaban dispersas por toda la región, ubicadas en las proximidades de fuentes de agua potable y aguas de pesca. Dos auditorías internas realizadas durante la época del retiro de Texaco pintaron en su dictamen un tétrico cuadro de su legado ambiental sin ofrecer ningún perdón.
Por esa época, Donziger realizó su primera visita a la zona. Un antiguo corresponsal de UPI en Centroamérica y abogado recién egresado de la facultad de derecho, él recorrió los antiguos sitios de perforación de TexPet junto con un abogado Ecuatoriano nacido en Estados Unidos quien a la sazón exploraba posibilidades de acción legal. “Es que no me podía creer que una compañía norteamericana pudiera tratar a la gente en la forma en que Texaco lo había hecho,” dijo Donziger. “No podía borrar las imágenes de mi mente.” En 1993, el abogado ecuatoriano-norteamericano interpuso una demanda colectiva en la ciudad de Nueva York. Donziger se integró al equipo legal como la tercera de tres personas.
Texaco alegó que el juicio debería cambiarse al fuero ecuatoriano, donde sus socios aún estaban en el poder y la compañía tenía motivo como para esperar trato favorable. El equipo de Donziger argumentó que le correspondía a Nueva York ser el lugar del juicio, porque en esa ciudad las acciones bursátiles de Chevron se contratan públicamente en bolsa y ambas partes podrían esperar un juicio justo. Un juez del Segundo Distrito de Nueva York tardaría casi un decenio para resolver la disputa jurisdiccional. Mientras el tribunal deliberaba al respecto, Texaco intentó buscar protección de la responsabilidad civil. Gastó US$40 millones en la limpieza de algunos de sus sitios de perforación a cambio de un acuerdo de transacción con Ecuador que le protegía de futuros reclamos del gobierno. Quienes habitaban la zona contaminada observaron a Texaco tratando de cubrirse las huellas, en sentido literal en algunos casos, echando un poco de tierra sobre las fosas de petróleo poco profundas. Una agencia gubernamental de Ecuador descubrió posteriormente contaminación en 85% de los sitios supuestamente “remediados.” Con el tiempo, se formalizaron cargos judiciales por fraude contra dos ejecutivos de Texaco domiciliados en Quito y siete funcionarios públicos ecuatorianos.
Cuando se interpuso la demanda en Nueva York, muchos de los trabajadores de Texas y Luisiana que construyeron y gestionaron la operación de TexPet ya habían muerto. Al igual que el CEO, Augustus “Gus” Long, y los líderes de la junta quienes en 1973 hicieron de Ecuador el miembro más reciente y pequeño de OPEC. Más que desaparecer, Texaco más bien había recobrado nueva vida cuando la absorbió Chevron en 2001. Pero Chevron hoy día califica esta fusión como una especie de muerte corporativa. En conversaciones sobre el pleito, sus voceros siempre iniciaban sus intervenciones diciendo, “Es importante señalar que Chevron jamás ha operado en Ecuador.” Aunque Chevron niega las responsabilidades de Texaco, no niega los activos de Texaco, que convirtieron a Chevron en la segunda petrolera más grande del país.
En 2003, un juez federal de EEUU declaró procedente la solicitud de Chevron de cambiar el juicio al Ecuador. Ya para esa época, Texaco (y después Chevron) habían presentado 14 declaraciones juradas firmadas (afidávits) en las que se alababa el sistema judicial de Ecuador. Donziger, ya el abogado principal del equipo legal, volvió a interponer la demanda ante un tribunal de provincia en Lago Agrio, el cual no tardó en dar a conocer el primer punto en el orden del día: realizar análisis para determinar el alcance de la presunta contaminación. Durante los próximos cuatro años, las partes del pleito y grupos externos presentaron más de 60,000 resultados de análisis de laboratorio provenientes de más de 100 sitios en disputa. Los resultados, sin lugar a duda, dieron positivo de contaminación que se podía rastrear hasta Texaco.
Pruebas presentadas en la sala de Kaplan durante el juicio de la Ley RICO hacen patente que durante todas las diligencias de recolección de pruebas, ambas partes desconfiaban una en otra, preocupadas por los resultados, y tomaron medidas para inclinar los resultados en su favor.
Entre las decisiones relacionadas con la etapa de ofrecimiento de pruebas previo al juicio, Kaplan permitió a Chevron acceso a los cuadernos y las correspondencias privados de Donziger. En un asentamiento de su diario, Donziger admite que estableció cuentas bancarias secretas para hacer pagos a un perito independiente designado por el tribunal. Se refiere a la relación como “un trato con el diablo,” necesario pero insuficiente para vencer a un enemigo mucho más grande y corrupto. “No podemos ganar con el diablo porque ellos [Chevron] siempre pueden pagar más,” escribe él.
Y de hecho, Chevron “pagó más” durante el proceso de muestreo. Documentos adquiridos por el equipo de Donziger evidencian una trama en la cual Chevron impedía que las “muestras sucias” llegaran al tribunal porque se enviaban a laboratorios amigos. La compañía también entregaba “libritos de estrategias” para guiar a los inspectores para que no fueran a inspeccionar suelos contaminados. “Chevron realizaba varias inspecciones en cada sitio varios meses antes de cada inspección judicial,” dice Nathalie Cely Suárez, la Embajadora de Ecuador en Washington. Ella sostiene que el manipuleo y muestreo selectivo por parte de la compañía era “sistemático.”
No lo sabemos todo respecto de la fase de test y análisis de suelo y agua en el juicio. Pero sí contamos con muchas horas de grabaciones de conversaciones entre Santiago Escobar, un ecuatoriano que reside en Toronto, y un contratista de Chevron llamado Diego Borja.
Borja ya formaba parte de la familia extendida de Chevron cuando la compañía lo contrató para transportar las hieleras que contenían las muestras de campo de la compañía a los laboratorios presuntamente independientes. Su tío, un empleado de Chevron con 30 años de antigüedad, era el propietario del inmueble que albergaba el equipo legal ecuatoriano de Chevron. Al realizar su labor, Borja recolectaba más de un tipo de tierra. En grabaciones de llamadas telefónicas a Escobar en 2009, Borja explicó cómo la oficina de Chevron en Miami le ayudaba a establecer compañías que se hacían pasar por laboratorios independientes. (Entre sus jefes en Miami, se contaba un tal Reis Veiga, uno de los abogados acusados judicialmente por corrupción en la transacción de remediación con el gobierno de Ecuador.)
Borja contactó con Escobar porque creía que la información que éste poseía podía ser valiosa para la otra parte. “El crimen sí paga,” le dijo a Escobar. En sus llamadas, Borja da a entender que Chevron temía que se le pusiera en evidencia y se procediera por vía judicial contra la compañía invocando la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (Foreign Courrupt Practices Act). “Si un juez [de EEUU] se entera que una compañía amañó las cosas, dirá, ‘Mañana hay que cerrarla,’ lo entiendes?” El presumía de tener en su poder correspondencia “que se refiere a cosas que ni siquiera puedes imaginarte … cosas que pueden hacer que los amazónicos [los demandantes] ganen esto así de fácil.” Subyugado con el poder de Chevron, Borja dijo que la compañía contaba con “todas las herramientas del mundo para perseguir a todos. Porque estos tipos, una vez que termine el juicio, buscarán a todos los que decían cosas sobre eso.” Con todo, los beneficios de trabajar con ellos eran estupendos. “Una vez que seas socio de los tipos,” le dijo a Escobar, “tienes el futuro asegurado. Es un anillo de bronce este hermano mayor,” [es decir, es como un regalo ser de su confianza y colaborar con ellos].
Y con el tiempo, el anillo de bronce de Borja llegó a valer más de US$2 millones. Para el año 2010, se naturalizó como norteamericano, todo cargado a cuenta de Chevron, y se mudó a una comunidad residencial de lujo con alta seguridad, con un alquiler mensual de $6000, ubicada en las proximidades de la sede corporativa de Chevron en San Ramón, California. Por qué la compañía valora su lealtad a un precio tan alto es difícil de decir, porque el Juez Kaplan ordenó que ya no se hiciera más ofrecimiento de pruebas previo al juicio plenario. Cuando se le preguntó si la compañía todavía le paga a Borja, el vocero de Chevron Morgan Crinklaw dijo, “Que yo sepa, no.”
“Kaplan le dio a Chevron acceso ilimitado a nuestros archivos,” dice Donziger, “pero permitió que mantuvieran una total cortina de hierro de privilegio respecto a todo lo relacionado con la mala conducta de los no abogados como Borja y su red de espías.”
Chevron sostiene que no hay nada atrás de esa cortina de hierro. “Borja es una distracción de las verdaderas cuestiones,” dice Crinklaw de Chevron. La compañía da respuestas similares cuando se le pregunta por la nueva vida como norteamericano que Chevron le brindó a Alberto Guerra, quien Donziger alega es su único testigo de la presunta trama de sobornos que constituye la base de la decisión de Kaplan en el juicio sobre la Ley RICO.
A pesar de la alta probabilidad de adulteración de las muestras, los resultados de los extensos análisis de suelos y agua no dejaron ningún lugar a duda: la contaminación muy extendida fue por culpa de Texaco. Sin embargo, los resultados científicos no tardaron en ser opacados por el alegato de Chevron de que el equipo de Donziger fue “autor fantasma del informe del juez en que se resumen las conclusiones. Los alegatos estaban centrados en pagos secretos al autor del informe, Diego Cabrera; este era el “trato con el Diablo” de Donziger. De hecho, el equipo de Donziger le había pagado US$120,000 a Cabrera, y el informe emitido por él fue escrito por la consultoría ambientalista Stratus con sede en Boulder, Colorado. Chevron sostiene que sus elementos de juicio son prueba fehaciente de un fraude mayor. Los demandantes señalan la sustancia científica y la credibilidad del informe así como la practica legal establecida. Tanto en Ecuador como en los Estados Unidos, es común que las partes en un juicio presenten documentos y juicios modelo para su consideración y, se espera, para su adopción por parte del tribunal “in toto.”
“El mayor halago en cualquier procedimiento judicial es que el tribunal utilice un proyecto en su totalidad al pie de la letra,” dice William Powers, un ingeniero medioambiental que fue subcontratista con Stratus. “Se tiene que entrar en el fondo del asunto para evaluar el Informe de Stratus, y Chevron quería evitar entrar en el fondo, por lo que se centraban en los cuadernos de Cabrera y Donziger.”
Según Donziger, Chevron presionó a la aseguradora de Stratus para que revocara su cobertura, y presionó a sus clientes para anular contratos. Powers también mantiene que Chevron le pidió al gobierno de EEUU que revocara su certificación, lo cual habría hecho que tuvieran que cerrar la firma definitivamente. Stratus se negó a ceder y se preparó para presentar una contrademanda. Pero la firma no podía competir con Chevron. Ante la perspectiva de la quiebra tras una campaña de muchos años, Stratus transigió. En abril de 2013, sus ejecutivos firmaron acuerdos de cooperación elaborados por Chevron y publicaron el mea culpa retractando partes de su trabajo en Ecuador. “Lamentaron traicionarnos, pero Chevron los tenía entre la espada y la pared,” dice Karen Hinton, una publicista con mucha antigüedad en el equipo de Donziger.
La retractación parcial de Stratus cayó como maná del cielo para Chevron en sus relaciones públicas. “Un titular aparecido en la revista Forbes rezaba: “Peritos de Demandantes dicen ‘No hay pruebas de miles de millones de dólares en daños contra Chevron.’” El resto de la prensa de negocios, que fija la pauta para la cobertura del caso, le siguieron la tónica.
A Chevron le urgía ganar. Desde hacía muchos años, la compañía tenía dificultades con una estrategia coherente y efectiva para contrarrestar la cruda narrativa arrancada directita del Viejo Testamento: pobres nativos y un valiente abogado norteamericano (David) exigen justicia a la Gran Energía (Goliat). En un memorando de 2008, un consultor mediático llamado Sam Singer tachó de torpe a la estrategia de medios de comunicación de la compañía y aconsejó que se evitara hablar de las complejidades ambientales y legales del caso. Sugirió que Chevron más bien pintara de rojo al Ecuador y a su gobierno izquierdista recién elegido, y tildar el país de “la próxima crisis de misiles en ciernes como la de Cuba.” Y puesto que las pruebas desfavorecían a la compañía, ¿por qué no sembrar dudas sobre su estatus ontológico? “¿Es el argumento contra Chevron realmente una novela de John Grisham? Lo que parece ser real es de hecho una fachada para otra cosa,” Singer aconsejó a Chevron que le dijera al público.
El escándalo sobre el informe Stratus-Cabrera no solo le brindó un triunfo a Chevron, sino que iluminó una nueva estrategia para seguir a futuro. Valiéndose de sus ilimitados recursos para presionar a los aliados de Donziger y sus financieros – así como a los aliados y financieros de sus aliados y financieros – la compañía bien pudiera lograr destrozar a su adversario indirectamente, cortándole el suministro de oxígeno. Desde entonces Chevron viene buscando a los aliados de Donziger demandándolos y nombrándolos (o amenazando con demandar o nombrarlos) como “co-conspiradores no partes” de una empresa delictuosa.
“Es un modelo de intimidación,” dice Deepak Gupta, el abogado principal de Donziger en la segunda instancia. “Es una forma en que las corporaciones eliminan a sus críticos y quienes los financian.”
Chevron niega tener interés en nada que no sea la justicia, para sí y para las partes detrás de lo que Morgan Crinklaw de Chevron califica de una “trama intricada y compleja para utilizar el poder judicial de Ecuador para juzgar y tomar de rehén la reputación de Chevron.” Para desvirtuar esa “trama,” Chevron ha perseguido a todos los integrantes de la parte adversaria, desde Donziger hasta sus voluntarios. “Si alguien va a participar en el fraude,” dice Crinklaw, “se les debe responsabilizar.”
Una entidad a la que jamás esperó Chevron que se le “responsabilizara” en Ecuador era Chevron. ¿Qué sucedió?
En 2006, Rafael Correa fue elegido presidente de Ecuador. Fue un acontecimiento que Chevron sólo podía haber visto con preocupación. Un izquierdista alineado con Hugo Chávez, Correa llegó al poder denunciando el papel histórico de Washington en la región. Tras haber visitado las regiones afectadas en el noreste del país, se pronunció públicamente a favor de la demanda contra Chevron.
Con una sola elección, la situación política de Ecuador se había convertido en el negativo de la foto de la que Texaco enfrentaba en 1993.
Sin la capacidad de influencia en el gobierno en Quito, Chevron recurrió a Washington. Documentos adquiridos por el bloguero especializado en temas legales Theodore Folkman muestran cómo la compañía hizo lobby al gobierno de Bush para que éste blandiera la política comercial como arma de su parte. Folkman informó en abril de 2007 que el CEO de Chevron David O’Reilly preguntó al Subsecretario para Asuntos Políticos del Departamento de Estado si “había una manera en que el Gobierno de los EEUU podía ayudar a Chevron y a nivelar el campo de juego,” es decir, ayudar a crear igualdad de circunstancias. Otros memorandos registran las consultas de Chevron sobre el uso de la política comercial “como un instrumento.” Estos esfuerzos dieron lugar a tres cartas de protesta del Congreso, incluyendo una del entonces Senador Barack Obama, dirigida al Embajador Rob Portman en la que se solicita su garantía de “que el Representante Comercial de EEUU no permitirá que las negociaciones sobre el Acuerdo de Libre Comercio Andino-Norteamericano afecte el caso relacionado con Chevron.”
“La escala de lo que hizo Chevron para debilitar el apoyo a las políticas comerciales diseñadas para ayudar a los pobres es indignante,” dice la Embajadora de Ecuador en Washington. “Trataban de tomar de rehén a miles de trabajos en ambos países, la mayoría de los cuales son realizados por mujeres pobres.”
Al hacer Chevron su esfuerzo de lobby en Washington, Donziger, un publicista nato, continuó haciendo su propio esfuerzo de lobby con los medios de comunicación. Llevó a periodistas y celebridades a visitar los antiguos sitios de perforación y depósitos de desechos de Texaco, incluidos a Sting, Roger Waters, Brad Pitt y Aneglina Jolie. En 2007, CNN rindió homenaje a uno de los colegas ecuatorianos de Donziger, Pablo Fajardo, con un premio y un discurso televisado en el ámbito nacional. A medida que el público iba tomando cada vez más conciencia del caso, Chevron tuvo suerte de no quedarse ahí echando babas en público [por haber sido agarrado desprevenido]. Uno de sus lobistas le dijo a la revista Newsweek en 2008, “No podemos dejar que países pequeños se metan con grandes compañías como ésta.”
Luego salió en 2009 Crude, el documental de Joe Berlinger sobre el caso. El filme relató, a través de un lente favorable, la historia de Donziger y sus clientes autóctonos con impactantes imágenes de selva destruida por sustancias químicas e indígenas enfermos como trasfondo. Era como el remate de una campaña de relaciones públicas. ¿Cómo podía Chevron esperar competir con eso?
En retrospectiva, no le va muy a la zaga en importancia para el caso una nota mediática menos excitante que apareció en bufetes jurídicos de todo el país durante el estreno de Crude en el festival de cine.
En el número de octubre de la revista American Lawyer, se publicó una reseña del éxito que tuvo un bufete de abogados especializado en derecho corporativo, Gibson Dunn, en rechazar una demanda colectiva sobre el medio ambiente interpuesta por recolectores de fruta nicaragüenses contra Dole Fruit Company. El caso tenia varias similitudes con la situación de Chevron en Ecuador, en el que Dole pretendía dejar sin efecto una sentencia dictada por los tribunales de Nicaragua a través de un tribunal en Miami. Chevron venía siguiendo muy de cerca el trabajo de Gibson-Dunn en el caso de Dole y había contratado al bufete en el verano previo para asumir su defensa.
No tardó el bufete en dar el primer golpe maestro de parte de Chevron. Un integrante de su equipo se percató de una ligera discrepancia entre dos versiones del documental Crude que se estrenaron. El abogado logró usar esta variación para lanzar un búsqueda de pruebas en gran escala que abarcó más de 20 tribunales federales y capturar miles de comunicaciones por correo electrónico de Donziger, su diario personal, y 600 horas de filmación eliminada del documental definitivo durante el proceso de montaje.
La solicitud de acceso por parte de Chevron a las secuencias filmadas que no se usaron en Crude desató las protestas de una alianza de empresas de medios de comunicación, incluidos el New York Times, Washington Post, y el Associated Press, quienes presentaron en forma conjunta un escrito de amicus curiae ante el tribunal en Nueva York. El Juez Kaplan desestimó estas preocupaciones en un pronunciamiento que se dio a conocer durante una conferencia nacional de documentalistas. Entre los participantes en la conferencia, se encontraba el director de documentales Josh Fox, también un veterano de las batallas contra las industrias del petróleo y el gas.
“Cuando conocimos la orden de Kaplan, nos dio escalofríos a todos los presentes en la sala,” dijo Fox. “Las implicancias para la primera enmienda, para el privilegio del reportero — horrorizaban a todos.”
El Día de San Valentino de 2011, el Juez Nicolás Zambrano del tribunal de Lago Agrio declaró a Chevron responsable de US$19 mil millones en daños y perjuicios. (La Corte Suprema de Ecuador confirmó la sentencia, pero redujo el monto a la mitad). Zambrano no citó el polémico informe Cabrera-Stratus. No era necesario. Durante los ocho años de litigio, ambas partes habían presentado más de 215,000 folios de pruebas y más de 100 dictámenes periciales ante el tribunal.
El día que se dictó la sentencia, Chevron había dejado de preocuparse tanto por el informe Cabrera para centrarse en alegaciones más graves. Más específicamente, acusó a Donziger en un tribunal federal de prometer a Zambrano US$500,000 para ser el autor fantasma de la sentencia. Tras haber alegado en un principio que el juicio del caso no debería celebrarse en Nueva York, ahora Chevron pedía al mismo tribunal del Distrito Sur de Nueva York que dejara sin efecto la sentencia ecuatoriana.
En la decisión sobre RICO emitida en marzo, Kaplan les hizo el favor. Aceptó el argumento de Chevron de que Zambrano, un juez de provincia que se ocupaba principalmente de causas penales en su sala, no podía haber redactado la sentencia compleja que dictó contra Chevron. Kaplan citó el hecho de que el único asistente de Zambrano era un mecanógrafo de 18 años, que no hablaba nada de inglés. Por otro lado, Zambrano había reconocido que en el pasado él pagaba a otros jueces por redactar sus decisiones. Kaplan también señaló “huellas digitales” (errores de mecanografía, numeración idiosincrásica, etc.) que conducían de vuelta a documentos contenidos en las computadoras de los demandantes que el juez consideraba que nunca habían pasado a formar parte del expediente judicial del caso.
La prueba central de Chevron era el testimonio de Alberto Guerra, un antiguo juez que ha admitido haber cometido actos de corrupción a lo largo de su propia trayectoria profesional en la judicatura. Guerra se acercó por primera vez a Chevron en 2009 para ofrecer ayudar a la compañía. Documentos de la compañía demuestran que Chevron paga a Guerra un generoso estipendio mensual además de los costos de vivir en una comunidad residencial de lujo con alta seguridad próxima a la sede de Chevron.
Chevron sostiene que no tiene otra alternativa que proteger a Guerra, ya que su testimonio lo pone en peligro en Ecuador. “Guerra tenía que ser reubicado,” dice Morgan Crinklaw de Chevron. “No se le paga por su testimonio [y decir que sí] es un intento desesperado de tratar de hacerle de menos.”
Donziger cree que el tribunal de apelaciones en Nueva York no estará de acuerdo y dejará sin efecto la decisión de Kaplan. Guerra carece de credibilidad como testigo, dice, y las “huellas digitales” en la decisión de Zambrano no resultaron de “autoría fantasma,” sino de acciones que se ajustan a prácticas legales aceptadas.
“La decisión de Zambrano no fue ‘escrita por autor fantasma’, del mismo modo que Kaplan no copió sus hechos y alegatos de los escritos de Chevron sobre RICO,” dice Donziger. “[Zambrano] tomó materiales y alegatos presentados al tribunal y los adoptó en su decisión, a veces copiándolos, lo cual es totalmente apropiado tanto en Ecuador como en Estados Unidos. Algunos de los documentos que presentamos al tribunal nunca llegaron a pasar a formar parte del expediente del procedimiento judicial debido a errores administrativos. Tenemos una explicación para cada alegación específica de Chevron.”
Las opiniones del Tribunal de Apelaciones de Nueva York para el Circuito Segundo pueden ser de menor transcendencia que las de los jueces en tribunales extranjeros. En Canadá, donde Chevron tiene miles de millones de dólares en arenas bituminosas, la primera etapa de un juicio de ejecución de sentencia (la determinación de competencia) ya llegó a la Corte Suprema. También se han iniciado procedimientos en los sistemas judiciales de Brasil y Argentina.
Por mientras, Chevron goza de un boom. Las utilidades de la compañía han crecido casi en un 40% desde 2010, año en que las de BP bajaron en picada tras el derrame de petróleo en el Golfo de México y la posterior limpieza de US$26 mil millones. “Chevron ganó US$4.9 mil millones solo en el cuarto trimestre de 2013, dice Daniel Braeber, un analista en OilPrice.com. “Puede darse el lujo de librar un batalla legal muy prolongada.”
Al librar esa prolongada batalla, todos los involucrados —los abogados de Chevron, Donziger, la gente en la Amazonía — van haciéndose más viejos. Entre el nutrido elenco en este drama, son los campesinos y los indígenas, no los abogados, que siguen bregando cada día con el legado de 50 años de producción petrolera en la región. Es posible que fallezcan antes de que se resuelva el caso y se remedie la contaminación.
Esto lo sabe bien Donziger. Pero él suena como si se creyera a sí mismo al decir que sobrevivirá para ver la justicia para sus clientes, aunque mientras tanto Chevron está sacando el mayor provecho posible de lo que él acepta como sus propios errores y va eliminando a sus aliados y financieros uno por uno. Parte de la estrategia de Donziger es mantener el foco de atención del mundo en el fondo de la demanda original. Un periodista especialista en negocios está escribiendo un libro sobre el caso relatado desde la perspectiva de Chevron, y Donziger anda buscando quien escriba la réplica. También cree que falta hacer otro documental para actualizar la historia. Si nunca se llega a producir, no será por faltarle labia a Donziger para poder convencer a algún cineasta.
“Esta batalla tiene toda la intensidad y todos los elementos de un litigio con mucho en juego en combinación con los vaivenes diarios de una campaña política muy reñida,” Donziger me dijo en abril, como si estuviera hablando con un ejecutivo de una productora cinematográfica.
“Excepto no hay ninguna jornada electoral,” siguió, desanimándose un poco. “Es que esto sigue sin parar. Estoy esperando que un solo juez en un tribunal de ejecución de sentencia obligue a Chevron a cumplir con la ley. Creo que ya vendrá ese día. Creo que vendrá mucho más pronto que lo que Chevron cree.”
Artículo en inglés: http://www.rollingstone.com/politics/news/sludge-match-chevron-legal-battle-ecuador-steven-donziger-20140828?page=2