El juicio político impulsado por el asambleísta independiente César Rodríguez en contra del presidente del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), Paulo Rodríguez, por haber solicitado al Primer Mandatario  que declare el estado de excepción a la Función Judicial, podría alterar el proceso de reestructuración de la justicia.

Tras reconocer que es una atribución constitucional el control político a los integrantes del Consejo de la Judicatura, la vocal del organismo, Tania Arias, dijo que si son llamados a la Asamblea Nacional al juicio político: “acudiremos a dar las explicaciones que ameriten”.

Consultada si les preocupa la interpelación, admitió que sí pero “en el sentido de que puede demorar y obstaculizar el trabajo que vamos realizando”, porque el tiempo establecido para la reestructuración de la justicia es estrecho, apenas 18 meses en los que se debe trabajar intensamente. “Si es que la  Asamblea nos llama tendremos que dedicar un tiempo a la preparación de esa información”, remarcó.

En tanto, el asambleísta César Rodríguez defendió su propuesta de plantear un juicio político en contra del titular de la Judicatura de Transición, porque,   dijo, es inconstitucional que haya solicitado la declaratoria de excepción a la Función Judicial.

Aseveró que la consulta popular que aprobó la ciudadanía, el pasado 7 de mayo, para que se reestructure la justicia no daba permiso al Ejecutivo para violar la independencia de otros poderes del Estado.

Según el asambleísta de Alianza PAIS, Rolando Panchana,  la justicia no se está tocando con el decreto de excepción y lo que se busca con esta medida es mejorar la calidad y el servicio del sector.

El parlamentario aclaró que   buscar un mejor servicio no implica que se   inmiscuya en una facultad propia de la Función Judicial como es la de administrar la justicia.  El objetivo sería un mejor manejo en la parte financiera para acelerar los cambios, insistió, al recordar que este estado de excepción nace también como un pedido de los ecuatorianos en las urnas para que se realicen las transformaciones en la justicia y mediante este estado solamente se le da herramientas a la Judicatura.

Abdalá Bucaram, asambleísta del PRE, dijo que apoya  el juicio político al presidente del CJT y anunció que también promoverá un juicio político a Fernando Yávar por ocupar el cargo sin reunir los requisitos necesarios.
“Ahí cabe un juicio político no solo a Yávar, sino también al Consejo de Participación Ciudadana”, indicó.