Jorge Luis González, director  ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública (Incop), opina sobre las presuntas anomalías  en la compra  de 1,2 millones de chalecos de seguridad reflectivos por parte de la ex Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (Cntttsv), liderada por Ricardo Antón, quien pagó 9,7 millones de dólares, en dos contratos, así como  6,4 millones de dólares por 600 mil placas para motocicletas.

Ambos contratos se celebraron entre enero de 2010 y junio de 2011 con la empresa  Intercontinental de Materiales Compañía Anónima, IMC C.A., pese a  presuntas irregularidades en las licitaciones, las cuales después fueron denunciadas por González en la Contraloría, cuyo organismo de control realizó una auditoría que determinó indicios de responsabilidad penal.

La semana pasada el actual director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), antes Cntttsv, Mauricio Peña, dio por terminados los dos contratos con IMC, tras confirmarse la mala calidad de los chalecos.

González dice que el asunto no termina allí, sino que deberían ejecutarse las garantías  para cubrir eventuales perjuicios.

Los contratos de Ricardo Antón para la compra de chalecos y placas para motocicletas, así como de GPS para buses de pasajeros y camiones, ha traído cola luego de que usted acudiera a la Contraloría a pedir  que se investiguen presuntas irregularidades, determinándose  indicios de responsabilidad penal.

Estos dos casos  nosotros los vigilamos de oficio, dados los montos de contratación.
Hubo dos procesos de compra.  Uno de ellos fue el de los  chalecos y  placas para motocicletas, que  se contrató con la  empresa IMC.

Nosotros solicitamos en este caso que Antón nos informe por qué razón se estaba contratando por régimen especial (de manera directa con el proveedor), pero  en ese tema no tuvimos respuesta de la entidad liderada por el señor Antón, y por lo tanto definitivamente este caso lo pasamos a la Contraloría.

¿No justificaba que se contrate por la vía de régimen especial?

No, porque IMC no era productora de las placas ni de los chalecos, era una mera intermediaria, y el régimen especial no está para intermediar.
Esto es lo que después determinó también la Contraloría, porque ya nosotros no llegamos hasta ese nivel (de investigación), es decir, no sabemos IMC qué compras tuvo que hacer para proveer las placas y los chalecos. Contraloría ha definido  que hubo una cadena de compras, a su vez, de IMC, hasta llegar a empresas chinas que fueron las que proveyeron finalmente.

¿Antón tomó en cuenta las  observaciones del Incop?

Él lo que hizo fue adjudicar, fue su responsabilidad y eso no nos dejó otra posibilidad que enviar el proceso a la Contraloría General, que lo hicimos el 16 de abril.

No tuvimos respuestas (de Antón) que para el Incop hayan sido satisfactorias y la entidad (Cntttsv)  tomó su decisión de adjudicar, pese a las observaciones que hicimos.

Se dieron los contratos y ahora se determina que, por ejemplo, los chalecos son de mala calidad, por lo que la ANT decidió dar por terminados esos contratos. Aquí la pregunta es: ¿Qué efectos jurídicos y económicos puede tener esa decisión, quién paga los perjuicios ocasionados?

Hay garantías que tienen que ejecutarse, porque están para cubrir eventuales perjuicios... La aseguradora tiene que ejecutar las garantías y debe indemnizar a la entidad contratante. Si las garantías no cubren los daños y perjuicios, la ANT tendría que seguirle a IMC las acciones civiles para recuperar todos los perjuicios que hayan. Además, el proveedor irá al listado de contratistas incumplidos, lo que quiere decir que por 5 años no va a poder contratar con el Estado.

En el caso de los contratos para la compra de GPS, ¿qué encontró?

Respecto a los GPS, le he oído al director de la ANT  que está hasta demasiado cumplido por parte de la empresa contratante (Raptor) respecto a lo que se había estipulado. De todas maneras, esa es una labor de control que tiene que hacer la entidad contratante (ANT) cuando reciba los productos, tras lo cual tendrá que comparar la oferta versus los requerimientos que ellos pusieron en los pliegos.
Si es que los requerimientos son a un nivel y la empresa proveedora está entregando a ese nivel o mejor, entonces está bien, está cumpliendo con el contrato.
Sin embargo, es la Fiscalía la que tiene que investigar si hubo o no corrupción, lo cual si se identifica acarreará sanciones penales en contra de los funcionarios que intervinieron en el proceso de contratación (Antón) y, en contra, obviamente, de la contratista.
En todo caso, también es tarea  del (actual) director de la ANT velar porque los intereses del Estado no sean afectados. Como digo, tiene garantías para ejecutar y, eventualmente, si no son suficientes, debería iniciar acciones para resarcirse del daño causado.