Dirigentes y abogados de las comunidades de la Amazonía ecuatoriana afectados por la contaminación petrolera de la transnacional estadounidense Texaco (Chevron), piden la protección del Estado frente a tres tipos de persecuciones de las que estarían siendo objeto.

La denuncia la hicieron varios dirigentes y abogados defensores de los afectados que llegaron ayer desde las provincias de Sucumbíos y Orellana a realizar un plantón en los bajos del edificio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito.

Humberto Piaguaje, coordinador de la Unión de Afectados por Texaco, que agrupa a 30 mil perjudicados por la contaminación petrolera, denunció la persecución de personal que, “sin duda”, ha sido contratado por Chevron para amedrentarlos o “comprar” testigos de las comunidades para que hablen a favor de la petrolera.

Pablo Fajardo, abogado de los afectados, confirmó que el acoso que sufren “por parte de Chevron Corporation” se ha acentuado, y que es de tres formas: Primero, “la persecución cibernética-informática a nuestras cuentas electrónicas y llamadas telefónicas”; segundo, la persecución judicial, pues Chevron ha planteado distintas acciones legales contra los dirigentes y abogados de los afectados que son indígenas y campesinos “con el propósito de agotar recursos nuestros y amedrentar a las víctimas para que no sigan esta batalla”.      

El sábado pasado, Correa reveló cómo  Texaco “instruía” a funcionarios del gobierno de HurtadoSin embargo, Fajardo y Piaguaje coincidieron en decir que la transnacional se equivoca porque hay una convicción absoluta de la gente de seguir en el caso hasta el final, hasta que haya justicia.

En tercer lugar figura la persecución física y es lo que más les preocupa porque se parece al acoso de 2005, cuando se vieron obligados a solicitar medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “No se ha detenido esa persecución. En mi caso, que tengo mi residencia y oficina en Lago Agrio (Sucumbíos), en la última semana he tenido gente que merodea, ronda  mi casa permanentemente con autos o motos sin placas”, alertó Fajardo.

Añadió que hay varias cosas que preocupan no solo al equipo de abogados sino a los dirigentes de los afectados Humberto Piaguaje y Luis Yanza: “están tomando gran cantidad de fotos a nuestras casas y  hemos pedido que haya protección policial y que se investigue este tipo de hechos porque no es justo que gente de Chevron actúe de esa forma”, señalaron.

A su vez, indicaron que actualmente hay un proceso judicial en Manta (Manabí), ya que se busca determinar si Chevron está detrás de un grupo de ex policías que persigue al ex juez Nicolás Zambrano, quien fue el que dictó sentencia en este caso a favor de los afectados. “Al menos hay un ex policía que está preso en Manta por esta causa”, manifestó ayer Fajardo.

Frente a todo esto, señalaron que están analizando varias acciones judiciales o legales ante organismos internacionales con el fin de proteger la integridad de las personas.

El plantón y la denuncia de persecución de ayer se registra luego de que el sábado pasado, en el Enlace Ciudadano, el presidente Rafael Correa se mostró indignado por las facultades que se atribuyó la  estadounidense Texaco durante los 22 años de operación en Ecuador, cuando se permitía “instruir” a funcionarios del gobierno de Osvaldo Hurtado para obtener beneficios a su favor.   

Correa calificó el hecho como un “entreguismo” con la petrolera, lo que causó daños ecológicos  irreversibles en la salud de los habitantes de la Amazonía por la forma antitécnica de explotar el crudo en sus áreas de concesión. Mostró un memorando interno, fechado en 1982, de un alto exdirectivo de Texaco en el que se revela cómo habían “mejorado considerablemente las relaciones” con el gobierno de Hurtado luego de la trágica muerte del presidente Jaime Roldós en un accidente aviatorio en Loja.

En la carta, denominada Informe de Relaciones con el Gobierno, se dice, además, que “instruirán” a los ministros y al gobierno, y que seguirán utilizando “las influencias” con altos funcionarios para conseguir los “beneficios necesarios”.

DATOS

Chevron ha emprendido últimamente una campaña internacional de desprestigio en contra de Ecuador para evitar el pago de $19.000 millones de indemnización a las comunidades amazónicas, sentencia dictada  por un juez ecuatoriano.

Texaco, que operó durante 22 años en Ecuador, tuvo presencia en cinco millones de hectáreas del nororiente amazónico, en las provincias de Sucumbíos y Orellana.

Esa compañía estadounidense, según estudios, derramó 16,8 millones de galones de petróleo en el ecosistema del área en donde extrajo petróleo; más de 18,5 mil millones de galones de aguas tóxicas   fueron arrojados a los suelos y aguas; y 235 mil millones de pies cúbicos de gas fueron quemados al aire.                         

Los procedimientos de la petrolera contaminaron el suelo, los cursos naturales de agua y el aire; destruyeron la vida acuática, la vegetación natural y los cultivos.

Pese a las pruebas y estudios, la compañía acusa al Gobierno ecuatoriano de manipular la justicia para obtener un fallo favorable.

El Estado ecuatoriano y Texaco firmaron el contrato de remediación ambiental el 4 de mayo de 1995. Sin embargo, ese es el motivo principal de la demanda de los afectados, ya que aquello no se cumplió y la afectación al ecosistema y a la salud de miles de personas se mantiene.

El litigio contra la transnacional lo iniciaron comunidades indígenas y colonos de las provincias de Sucumbíos y Orellana.

Países como Nicaragua y Venezuela han hecho público su respaldo a Ecuador ante la campaña de desprestigio emprendida por Chevron,  denunciada hace poco por Correa