Apenas vio al presidente Rafael Correa, el actual asambleísta de Pachakutik, Cléver Jiménez, no le quitó la mirada de encima. Si el gobernante ojeaba escritos, miraba su teléfono, hablaba con alguien, el legislador reelecto lo observaba. Estaba sentado frente a él, en el ala derecha, de la sala de audiencias de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en el octavo piso. Junto a él se ubicó su abogado Julio César Sarango.
Allí se desarrolló la audiencia en contra de Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, acusados de injurias porque denunciaron al Mandatario de genocidio por los hechos del 30 de septiembre de 2010. En 2012 el conjuez Richard Villagómez desestimó la demanda y la declaró como “maliciosa y temeraria”. Con esos argumentos, Correa presentó la contrademanda.
A las 09:05 la jueza que lleva el caso, Lucy Blacio, pidió que se constate la presencia de los demandantes y acusadores. La secretaria afirmó que dos de los implicados: Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, quienes fueron notificados el 5 de abril pasado, no estuvieron en la sala. Blacio preguntó si Sarango los iba a defender. “Señora jueza no pudieron subir porque los simpatizantes de PAIS no los dejaron hacerlo... Le pido que suspenda la audiencia para que se defiendan”, contestó.
Blacio pidió a la Escolta Policial que certifique si alguna persona fue impedida de ingresar y la respuesta fue negativa. Entonces tomó la palabra el abogado defensor de Correa, Caupolicán Ochoa, quien solicitó a la magistrada que la diligencia continúe.
Sarango nunca paró de hablar por teléfono. Tapaba el artefacto con su mano para evitar que lo escucharan en la sala.
La jueza se tomó cinco minutos para meditar. Y desde la puerta principal de la sala, un hombre con mandil blanco escuchaba todo. “Alguién está enfermo”, le preguntó un periodista, y entonces el hombre caminó más rápido y se abrió paso por medio de camarógrafos, periodistas y fotógrafos que llenaron el auditorio. “¿Por qué no pudo llegar a tiempo?”, se animó a preguntar un reportero. “La turba de PAIS me lo impidió”, respondió el sujeto que en realidad era Carlos Figueroa. Correa lo vio y se sonrió. “Mire, ya llegó uno”, le dijo a la secretaria.
Pero Blacio suspendió la audiencia y Correa movió la cabeza. La jueza dictaminó que Villavicencio y Figueroa paguen una multa de cuatro remuneraciones básicas (1.272 dólares).
Correa, sin salir del asombro, dijo que seguirá con el proceso y que Jiménez deberá probar que el 30 de septiembre salió del hospital Policial para planear un supuesto rescate en una universidad, “si no, tendrán que asumir su responsabilidad”.
De hecho, en su cuenta en Twitter, se quejó de la decisión de Blacio porque, aseguró, va en contra del Código de Procedimiento Penal.
Jiménez en cambio insistió en sus acusaciones. “El culpable de los hechos del 30 de septiembre -y no porque lo diga yo sino porque está en informes reservados de FF.AA.-, quien dio la orden para que se lo rescate... fue Correa vía telefónica”.