Ecuador / Miércoles, 24 Septiembre 2025

Más de 1.000 documentos habilitantes para juntas de agua en 2025

Foto: MAE
El Ministerio de Ambiente y Energía entregó autorizaciones y viabilidades técnicas que fortalecen la gestión comunitaria del agua potable, saneamiento y riego en todo el país.

Entre enero y septiembre de 2025, el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) entregó más de 1.000 documentos habilitantes a las Juntas Administradoras de Agua Potable, Saneamiento y Riego en distintas provincias del país. El objetivo es fortalecer la gestión comunitaria del recurso hídrico y garantizar su uso equitativo y sostenible.

Las entregas incluyeron personerías jurídicas, nombramientos de directivas, autorizaciones de uso y aprovechamiento de agua, resoluciones de sustitución, licencias de alumbramiento y exploración de aguas subterráneas. Estos instrumentos brindan seguridad jurídica a las comunidades para administrar de forma responsable el líquido vital.

Adicionalmente, el MAE aprobó 26 Términos de Referencia por más de USD 2,3 millones y 49 viabilidades técnicas por un monto superior a USD 145 millones, en proyectos de agua potable y saneamiento que benefician a más de 1,2 millones de habitantes a escala nacional.

Estas acciones permiten que las juntas comunitarias administren el agua no solo para consumo humano y saneamiento, sino también para riego, lo que favorece la producción agrícola y ganadera, que en provincias como Chimborazo y Pichincha representa cerca del 70 % de los ingresos.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés María Manzano, señaló que la entrega de estos documentos “fortalece el tejido social y productivo, facilita el acceso al agua —que es sinónimo de vida, desarrollo y futuro— y promueve que nuestras comunidades gestionen este recurso de manera sostenible y eficiente, asegurando su disponibilidad para las presentes y futuras generaciones”.

El MAE trabaja en coordinación con las organizaciones comunitarias, gobiernos locales, academia y sociedad civil para fortalecer la gobernanza hídrica, proteger las fuentes de agua y garantizar su distribución en calidad, cantidad y continuidad, tanto para el consumo humano como para actividades productivas y de conservación ambiental.