Los habitantes de la cooperativa Juan Pablo II están preocupados por los posibles desalojos por parte del Municipio de Guayaquil.

Aproximadamente 50 propiedades están asentadas cerca de la zona donde el Cabildo prevé construir el puente que unirá al cantón con Samborondón.

Las viviendas, afirman algunos moradores, no han sido legalizadas porque se construyeron sobre un canal pluvial. La Alcaldía no permite regularizar inmuebles en zonas de riesgo.

El sector cuenta, la mayoría, con pavimentación aunque falta el alcantarillado.

Para Javier Morán, es un hecho que habrá expropiaciones. Su afirmación se basa en que, en días pasados, personal municipal se acercó a la zona para medir y marcar hitos dentro de la cooperativa.

“Sobre desalojos no han dicho nada oficialmente”.

Según los diseños del proyecto presentados en octubre de 2014, el puente pasará por encima de la autopista Narcisa de Jesús y conectará directamente con la avenida José María Egas.

Los planos dejan más dudas a los moradores, como José Zamora, quien reside cerca de 20 años en la zona, en cuanto a si la estructura afectará a los inmuebles.

Además, prevé que habrá mayor contaminación por ruido y smog desde el nuevo puente. “Estas cosas deben ser socializadas con los ciudadanos”.

Por su parte, el alcalde Jaime Nebot explicó que el trayecto de la vía es totalmente limpio y no afectará a las viviendas que están en la autopista Narcisa de Jesús.

Sin embargo, del lado de la avenida José María Egas también existen dudas sobre si los trabajos afectarán a las ciudadelas Brisas del Río y Sauces.

La obra enlazará el km 3,5 de la avenida Samborondón -cerca del Liceo Panamericano en el vecino cantón- con el km 1,3 de la avenida José María Egas.

Tendrá una longitud de 780 metros y, con las obras viales de acceso, costará $ 77 millones.

Mientras que, la alternativa ofrecida por el Gobierno, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), es levantar un puente en las inmediaciones del Parque Samanes para que se conecte con Plaza Lagos, en la vía a Samborondón.

Según el estudio realizado por la cartera de Estado, solo se afectará a unos terrenos ubicados en el sector del Batán, en el vecino cantón, de aproximadamente 12.000 m2, por los cuales se cancelarían $ 2’192.739,60 a sus propietarios. La información recabada fue ya entregada al Cabildo porteño.