La Contraloría General del Estado inició ayer una nueva auditoría a la concesionaria de agua potable y alcantarillado Interagua.

La diligencia se inicia luego de que la empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag EP) reportó al ente estatal que la compañía privada no ha realizado las inversiones necesarias, contempladas en el contrato de 30 años de concesión de servicio.

Luego de la visita de delegados del ente de control se debe realizar una serie de trámites como la elaboración de un informe, y habrá un plazo de cinco días para que la concesionaria realice un descargo.

Posteriormente, según el debido proceso, la información de la compañía tiene que ser analizada por la Contraloría, y dependiendo de la cantidad que la concesionaria provea, un nuevo pronunciamiento se dará tras un análisis (no hay un plazo exacto, pero puede tomar meses).    

En 2009, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Contraloría, luego de realizar auditorías al contrato de concesión, determinaron que el convenio con el Municipio de Guayaquil podía continuar si la compañía establecía una tarifa social de$ 0.10 para los usuarios que consuman hasta 30 m³ del líquido al mes.

Entonces se realizaron observaciones como la ausencia de multas, a partir del segundo quinquenio de labores de Interagua, en el caso de incumplimientos de inversiones con fondos propios.

Por su parte, el Observatorio Ciudadano de Servicio hoy realizará un pronunciamiento en el que, según se sabe, rechazará el nuevo plazo dado por el Cabildo a Interagua.