La “Ordenanza sustitutiva de la Ordenanza que norma la instalación de kioskos y carretillas y demás formas de desarrollo de la actividad comercial en espacios públicos de la ciudad” no ha sido modificada por el Concejo Municipal, pese a la exhortación de la Defensoría del Pueblo, tras acoger una denuncia del refugiado colombiano E.A.C.

Luis Sánchez, funcionario de la Defensoría que atendió el caso, informó que el Cabildo presentó  objeciones a la resolución, en la que  se señala la vulneración de los derechos (punto 2 de la disposición).

La observación fue remitida a la Dirección Nacional de Protección de la Defensoría, pero hasta el mediodía de ayer no hubo algún nuevo pronunciamiento. “No digamos que el tema está en suspenso, pero está por resolverse en última instancia”.

La exhortación de cambiar la ordenanza -añadió Sánchez- no ha sido impugnada por el Municipio y la apelación al punto 2 de la resolución  no es un obstáculo para que el Concejo modifique el estatuto.  “El único órgano que puede expulsar un ordenamiento jurídico, mediante juicio, es la Corte Constitucional, pero hace falta que alguien presente la demanda de inconstitucionalidad”.

Julián Pérez, defensor de  E.A.C.  (comerciante y refugiado que hace cuatro meses acusó de extorsión a la Policía Metropolitana), no descartó tomar nuevas acciones. Sin embargo, las estrategias propuestas se manejan en forma reservada.

El letrado  explicó que el tema se lo maneja con cautela, pues  se quiere evitar su politización por la cercanía de las elecciones seccionales. “La exhortación sigue vigente... Ellos (Defensoría) consideran que las normativas internas del Municipio, con respecto del trabajo informal, violan el derecho al trabajo... lo lógico sería que la Corte Constitucional suscriba esta descripción”.

Pero el alcalde Jaime Nebot, hace dos semanas, manifestó públicamente que no modificará la ordenanza y que lo haría para endurecer el estatuto que justifica la acción de la Policía Metropolitana (contra los comerciantes informales).