El ciudadano que presentó una queja ante la Delegación Provincial de la Defensoría del Pueblo por los malos olores que estarían emanando desde la procesadora El Café, será llamado a confesión judicial por parte de los directivos de esa compañía.

Así lo anunció Bernardo Arosemena, representante de la planta, quien advirtió con el inicio de acciones legales en contra de Luis Antonio Gonzaga, habitante de la décima etapa de la ciudadela La Alborada y denunciante del hecho. El principal ejecutivo de El Café aseguró que desde la industria no se causa contaminación al medio ambiente ni con gases ni ruido.

Indicó que los equipos con los que se elabora el producto final son de la más alta tecnología en el país y que no existen riesgos de  fuga de amoníaco, tal como teme Gonzaga. 

Recalcó que cuentan con un sinnúmero de certificaciones de la Espol, estudios de impacto, análisis del Municipio y la licencia otorgada por el Ministerio del ramo, en los que se sustenta que sus operaciones son limpias.

Dijo que las puertas de la compañía cafetera están abiertas para cualquier autoridad o medio de comunicación que desee investigar sobre los procedimientos que se aplican en la compañía.

“No hay ninguna restricción para quien desee conocer sobre nuestra manera de trabajar”, afirmó. Arosemena expresó que tienen instaladas en la compañía 6 cabinas acústicas para contrarrestar el impacto que pueda causar el ruido en la zona. También, que recientemente fueron colocados 8 equipos para medir la posible existencia de amoníaco en el ambiente. Estos permanecerán  en las esquinas de la urbanización vecina por un lapso de ocho días.

“Hasta ahora entendemos las causas o los objetivos de la queja. Efectuamos un recorrido con el delegado de la Defensoría, los técnicos del Ministerio y con el denunciante, y nadie percibió ningún mal olor. Vamos a esperar el informe final de la auditora Ambigest para que todo quede claro con la comunidad y con los organismos de control ambiental”, concluyó.

De su parte, Luis Antonio Gonzaga indicó que si es llamado a una confesión judicial por parte de los ejecutivos de El Café, acudirá a dar su declaración siempre que ésta se enmarque en el proceso iniciado en la delegación provincial de la Defensoría del Pueblo.

Señaló que la queja presentada ante este organismo lo protege constitucionalmente y por lo tanto no puede ser objeto de una demanda penal o civil en otra instancia.

“A ningún ciudadano lo pueden enjuiciar penalmente solo por el hecho de haberse quejado en la Defensoría. Solo he intentado proteger mis derechos, pues estos son inalienables para todos”, relató.

Señaló que será en el proceso investigativo iniciado por esa dependencia en donde se va a determinar lo que pasa con la empresa y lo que ocurre con quienes viven en sus inmediaciones.

El viernes pasado, en El Café se llevó a cabo una inspección técnica y ocular en la que participaron técnicos del Ministerio del Ambiente, del Municipio de Guayaquil y de la empresa Ambigest para medir el grado de contaminación que hay en la industria y sus alrededores. Esta última es una firma privada de Quito y especializada en asuntos ambientales.