El auditorio del Centro Cultural Simón Bolívar se llenó ayer de uniformes colegiales. Un nutrido grupo de jóvenes asistió  al lugar,   invitado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) al foro :  "Los Jóvenes y el Uso de los Espacios Públicos, en el ámbito Artístico y Cultural”.

“Merecemos  espacios para expresarnos”, dijo ayer Álvaro Reyes, estudiante del colegio particular Suárez. Él se dirigió a un  auditorio en el que estaban estudiantes de los colegios Francisco Huerta Rendón, Rita Lecumberri y Ana Paredes de Alfaro.

Como Álvaro, otros jóvenes pidieron la palabra para expresar su respaldo al “grafiterio” apodado “Patrimonio Callejero”, que expuso ayer la situación que actualmente enfrentan los artistas que realizan intervenciones en las paredes. 

“El Municipio no quiere que pintemos las calles, a mí me van a tener que cortar los dedos, porque ya estuve en la cárcel y no voy a dejar de expresarme”, dijo Patrimonio.

Peggy Ricaurte, subsecretaria regional del MIES, explicó que las preocupaciones expuestas ayer por los jóvenes  serán redactadas en un documento que llevarán al cabildo, y esperan que la administración municipal escuche la opinión colegial.

En el panel también participó el artista Hernán Zuñiga, actual Subsecretario de Cultura. 
El funcionario contó que en 1970 también cayó preso en una redada de la Policía Metropolitana, mientras intervenía el espacio ubicado debajo de un puente al norte de la ciudad.

“Realizábamos murales con signos precolombinos, un día nos encontraron debajo de un puente y terminamos  en la cárcel”. 
En el foro  intervino Lorena Peña, artista conceptual, quien  se encuentra trabajando en el centro “Construyamos Paz”, del MIES.

En las instalaciones de esta casa  se inauguró hace dos semanas un mural realizado por un grupo de jóvenes y Patrimonio Callejero.  

Mañana, en el  centro ubicado en las calles García Goyena y Chimborazo,  se escogerán los tres bocetos que serán plasmados en las paredes del lugar en el marco de un concurso de grafittis sobre derechos sexuales y reproductivos.

Los panelistas se refirieron a los trámites burocráticos que los artistas deben realizar para obtener  autorización municipal para su trabajo.  

Peña señaló que ella pidió durante cuatro años permiso para intervenir en la casa patrimonial Villa Rosita y nunca obtuvo respuesta. 

Ernesto Piechestein,  representante de la Mesa Cantonal de Juventudes, dijo que  los procesos en el cabildo son largos y que  comparte la preocupación juvenil por las resoluciones administrativas del Municipio, que permiten borrar los murales y dar recompensas de  $1.000 a quien denuncie estas prácticas.    
Los jóvenes participantes  pidieron  que no se coarte su libertad de expresión.