La justicia de Paraguay negó explicaciones a la Conmebol, que había pedido los argumentos esgrimidos para allanar su sede, el 7 de enero, informó ayer el diario Hoy de Asunción. Los asesores jurídicos Alfredo Montanaro y Cristóbal Cáceres quisieron acceder a los más de 10.000 documentos incautados, pero el juez penal de Garantías José Agustín Delmas rechazó el pedido por improcedente, agregó la publicación paraguaya.    

Montanaro y Cáceres fundamentaron su pedido en el hecho de que el que lleva adelante las investigaciones por presuntos casos de corrupción en el fútbol es la justicia de Estados Unidos, y en Paraguay no hay un proceso abierto. Además, el Código Penal paraguayo no describe al soborno privado como un delito, recurso en el que se amparan los defensores legales de los dirigentes paraguayos involucrados en el escándalo.   

Hernán Galeano, agente fiscal especializado en lavado de dinero, encabezó el procedimiento del 7 de enero en la sede de la Conmebol en busca de documentación relacionada a concesiones de derechos comerciales y de difusión para eventos deportivos. El allanamiento se realizó con orden del juez penal Delmás y con el apoyo de la delegación de delitos económicos de la Policía.

Entre fines de mayo y principios de diciembre han sido 20 los directivos y empresarios sudamericanos que fueron detenidos, imputados y están prófugos, o con pedidos de extradición de la justicia estadounidense. Entre ellos se encuentran los últimos tres presidentes de la Conmebol, Nicolás Leoz, Eugenio Figueredo y Juan Ángel Napout, así como importantes directivos de cada una de las 10 federaciones afiliadas.

En ese contexto, el próximo martes por la mañana se realizará el congreso extraordinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol para elegir a las nuevas autoridades de la entidad, a fin de completar el período de la presidencia de Juan Ángel Napout. Alejandro Domínguez, apoyado por el fútbol paraguayo, y el charrúa Wilmar Valdez son los únicos candidatos. (I)