La fiscalía pidió ayer prisión incondicional para el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar y su hijo Gorka, tras su comparecencia ante el juez que los investiga por supuesta corrupción, informaron fuentes judiciales.

Ambos fueron arrestados el martes, junto con el vicepresidente de la RFEF, Juan Padrón y el secretario de la Federación Tinerfeña de Ramón Hernández Baussou, que también serán interrogados este jueves por el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española).

La Fiscalía Anticorrupción no dudó ni un instante en solicitar esta pena al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Santiago Pedraz, tras escuchar las declaraciones que ambos imputados realizaron ayer ante el tribunal. Para el abogado del Estado existen pruebas delictivas en su gestión administrativa al frente de la RFEF, además de apropiación indebida de dinero público, corrupción y falsedad documental. Una cadena de infracciones que, según la fiscalía, ha provocado un agujero patrimonial extraordinario a las arcas de la RFEF.    

La decisión de enviar a prisión al todavía máximo dirigente del fútbol español está ahora en manos del juez Pedraz que debe decidir en cuestión de horas si envía a la cárcel  o impone algún tipo de medida cautelar contra Ángel María y Gorka Villar y el vicepresidente económico del organismo, Juan Padrón, acusado de idénticos delitos.

Falta por conocer la petición fiscal contra el cuarto arrestado en el operativo abierto el martes contra la corrupción en el fútbol español, el secretario de la federación tinerfeña, Ramón Hernández Baussou. Todo hace pensar que irán prisión.  

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investiga el caso, Villar ha gestionado la RFEF durante 28 años como si de una finca de su propiedad se tratara, usando el dinero de la institución no solo para enriquecerse y enriquecer a sus más cercanos colaboradores, entre ellos su propio hijo, sino para financiar una vastísima red clientelar entre las federaciones territoriales y locales que garantizaban su continuidad. La UCO calcula que el expolio patrimonial a la federación puede ser de 45 millones de euros.

Fuentes con acceso a la investigación califican el fraude de Villar como “masivo y continuado”, citando los atestados del operativo realizado por agentes de la UCO y los documentos entregados al juez instructor del caso, Santiago Pedraz. El mayor desfalco provocado por Villar fue la “adjudicación de contratos relacionados con la cesión de derechos comerciales (de la selección) al Grupo Santa Mónica con unos márgenes de ganancias muy elevados para la empresa”, según consta en uno de los informes de la investigación judicial.

También se revela que esa empresa adjudicataria dejó sin pagar 24 millones de euros a RFEF y que en febrero de 2013 Villar “acordó la resolución de los contratos con dicha entidad con cláusulas muy favorables a la empresa”, pagando por el fin de esa relación otros 20 millones de euros adicionales. “Tras estas condiciones pueden subyacer motivos de gratitud hacia el Grupo Santa Mónica”, apuntan los documentos filtrados a la prensa. (I)