En pleno siglo XXI, 15.093 expresiones denigrantes, solo en un transcurso de 10 meses, han sido emitidas contra las mujeres que deciden hacer política. Esa es la cara de un Ecuador que en pleno siglo XXI sigue ejerciendo una política desde la violencia y el machismo.

Se acercan las elecciones presidenciales 2021, entre campañas virtuales y debates en redes sociales, y se revela una faceta de la política ecuatoriana: la violencia. Insultos homofóbicos, racistas y expresiones denigrantes basados en estereotipos sociales constituyen un tipo de violencia de género contra las mujeres que deciden incursionar en temas políticos.

La politóloga Koya Shugulí explica que la violencia contra las mujeres está arraigada en una sociedad con una visión patriarcal y machista: “Evidentemente, en el Ecuador hay una violencia estructural que no ha permitido que las mujeres participen en la política por décadas. Ahora vemos que las nuevas generaciones van creando un espacio pero cuando ellas incursionan en diferentes ámbitos políticos que antes les eran injustamente esquivos, sufren agresiones terribles y aunque son diferentes tipos de violencia, sigue siendo un problema estructural”.

En un monitoreo realizado por la corporación Participación Ciudadana, entre el 1 de diciembre del 2019 y el 31 de octubre del 2020, las agresiones son palpables. Solo en una muestra donde participaron 33 mujeres involucradas en la política, se contabilizaron 6.770 tweets violentos.

“Corrupta”, “sinvergüenza” y “asesina” son los insultos más comunes mientras que la cosificación y desvalorización del rol femenino encabezan la lista.

También están aquellos que arremeten contra la apariencia física y la orientación sexual. Pamela Troya, activista y candidata a asambleísta por Unidad Popular, acudió el 14 de octubre a la Fiscalía para presentar una denuncia después de que una amenaza de muerte llegó a su correo electrónico.

Para Troya este no es el primer ataque en redes sociales: “Yo he sido activista LGBTI y feminista por aproximadamente 10 años; como defiendo temas que son incómodos para una sociedad machista y homofóbica considero que he sido una de las figuras públicas en defensa de los derechos humanos más atacada, sobre todo en Twitter”.

La activista explica que hasta el momento ha bloqueado a más de 1 500 usuarios en esta red social, debido a los insultos que ha recibido con respecto a su orientación sexual y apariencia.

De igual manera, las expresiones denigrantes que hacen alusión a una determinada etnia no desaparecen. “Indígena tal y cual, ándate a tu pueblo. Aquí no vengas a decirnos lo que tenemos que hacer”, esas son algunas de las agresiones que Koya Shugulí, politóloga e investigadora, ha recibido en muchas ocasiones.

Ella cuenta que su etnia, trabajo y hasta su forma de vestir han sido objeto de crítica: “Recuerdo que hace poco di una entrevista y vi que alguien murmuraba sobre la blusa que llevaba porque quizá tenía un escote. Ni siquiera había empezado la entrevista, ni daba mi punto de vista sobre el tema, pero ya me veía atacada por algo que está totalmente fuera de mi discurso”. Considera que la violencia no solo empeora cuando una mujer ocupa un alto rango político sino también por su condición de madre, orientación sexual y en el caso de poseer una discapacidad.

Es así como el 19 de noviembre, la corporación Participación Ciudadana lanzó la campaña “El costo de hacer política” y un Pacto de no agresión con el objetivo de combatir y visibilizar esta problemática que ahora más que nunca se ve amplificada en redes sociales como Twitter.

María Sara Jijón, candidata a la Vicepresidencia por Izquierda Democrática, se unió a esta iniciativa después de haber recibido insultos en esta red social, a través de la cuenta de Xavier Hervás, su binomio presidencial.

Después de que un video de Tik tok fue publicado en respuesta a una pregunta sobre la despenalización del aborto, Jijón fue atacada por los tuiteros: “Cualquier persona siente que tiene derecho a emitir comentarios fuera de lugar, hubo alguien que hasta me puso un apodo: horrípila. También había uno que decía: con esas uñas largas va a destrozar los cuerpos de nuestros niños. Entonces son cosas que ya no tienen sentido”.

Actualmente, la candidata a la vicepresidencia por Izquierda Democrática junto a Verónica Carrillo, secretaria nacional de juventudes del partido, son las únicas que decidieron formar parte del Pacto de no agresión. Así como también otros miembros del partido como Guillermo Herrera, prefecto de Carchi y actual presidente de Izquierda Democrática y Diego Almeida, que ocupa el puesto de secretario ejecutivo.

Aunque iniciativas como las de corporación Participación Ciudadana son parte de la solución, cada testimonio plasmado en este reportaje refleja diferentes perspectivas de una realidad que afecta día a día a las mujeres que se atreven a incursionar en la política ecuatoriana. La lucha porque a las mujeres no se les mida con una vara diferente cuando se trata de política recién empieza y la violencia es un gran obstáculo por superar.